Matrimonios gays, tema de debate en RD

Aunque desde un principio los homosexuales fueron rechazados, discriminados y eran pocos los que asumían abiertamente su realidad, ellos han abierto una lucha por sus derechos y deberes dentro de la sociedad que muchos rechazan y otros comparten.

 

Santo Domingo, RD. -El reconocimiento jurídico del matrimonio homosexual constituye hoy día un tema de debate abierto en la mayoría de los países del mundo, y República Dominicana –donde no ha sido reconocido- no es la excepción.

Desde hace varios años, diferentes sectores nacionales se han enfrascado en una disputa en torno al matiz que ha alcanzado este asunto.

La Constitución dominicana, en su artículo 55, establece que “la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

Asimismo, la Ley 659, sobre acto civil, en su artículo 55, establece que el matrimonio es una institución que se origina en el contrato celebrado entre un hombre y una mujer que se han dado libre consentimiento para casarse, y que tienen la capacidad requerida para certificar este acto.

En República Dominicana, pese al fuerte arraigo religioso y la formación machista que especialistas de la conducta atribuyen a la sociedad, la comunidad homosexual adquiere terreno y derechos, que años atrás eran inconcebibles siquiera pensarlo.

Tal es el caso que los homosexuales dominicanos ya cuentan con su propia iglesia: La Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que opera en el país desde el 2006 y cuya particularidad es que toda su feligresía es homosexual.

A esto se añaden las celebraciones de matrimonios entre homosexuales, en su mayoría extranjeros, en algunos de los hoteles de la región Este del país, que obligó a la Junta Central Electoral disponer la prohibición de esas uniones, por ser consideradas ilegales.

A pesar de que la población dominicana es mayoritariamente religiosa (alrededor del 90%), y los partidos políticos –según la socióloga Digna María Adames- son muy conservadores de que al propiciar un debate sobre el particular, la polémica les vaya a reportar el rechazo de los votantes.

Pronóstico de conflicto

A juicio de la socióloga Adames, el permitir uniones entre personas del mismo sexo podría generar un proceso de división y conflicto entre sectores de fuerza en el país, como está sucediendo en otros países donde los matrimonios homosexuales y lésbicos son legítimamente legales.

Aunque varios sectores se han manifestado a favor y en contra de la existencia de una legislación que legalice las uniones entre personas del mismo sexo, Adames, también licenciada en Humanidades y Filosofía, afirma que la aprobación de una ley per se no garantiza que los derechos de los homosexuales sean legitimados en igual condición que las de los heterosexuales.

Al respecto, dice que esto va más allá de una simple boda o espectáculo de declaración de convivencia pública.

Contrario a esto, el sociólogo Aníbal Pérez asegura que una sociedad en la que las niñas de 12, 13 y 14 años tienen una alta incidencia en las cifras de alumbramientos, hablar de matrimonios homosexuales es contraproducente.

“Si se permite el matrimonio homosexual y todo lo que esto conlleva como adopción etc., entonces hay que aprobar el aborto a heterosexuales. Además, quién garantiza que no se desate una homofobia a nivel nacional, como ha ocurrido en otras culturas, las cuales precisamente nos tratan de exportar esta discusión”, expresó.

Mientras que para la terapeuta familiar y de pareja, Ana Simó, psicóloga y directora del Centro Vida y Familia, el hecho de que estas uniones sean sancionadas en algunas religiones o no tengan amparo jurídico en algunas sociedades, no significa que no sean parte de la realidad histórica actual.

La negación y ocultamiento de la realidad de los matrimonios de un mismo sexo no ha conducido a su desaparición.

“El respeto a la diversidad hace a un ser humano más justo, más tolerante; la homosexualidad no es una enfermedad, es una orientación sexual, una sociedad basada en el buen trato, postula que aunque no muchos estén de acuerdo con ciertas prácticas, no se tiene el derecho a la violencia en ninguna de sus manifestaciones, es por estas razones que estoy a favor de este tipo de matrimonio”, precisa Simó.

A nivel internacional

El conflicto generado en algunos países del mundo por el reclamo de la comunidad homosexual de contraer matrimonio, no ha terminado con la aprobación de una ley, y un ejemplo es la situación que vive España, donde las discrepancias y división de la población sobre el tema han alcanzado los estamentos del actual gobierno.

La contradicción entre los miembros del Partido Popular (PP), rabioso opositor de esa ley, empaña la posición del Gobierno español (controlado por ese partido), que mientras sus funcionarios disertan a favor y en contra de la ley, el Gobierno somete un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que permite el matrimonio gay.

Similar situación viven los newyorquinos, quienes manifiestan una profunda ambivalencia en cuanto al matrimonio homosexual. Mientras un grupo se opone a la ley e interpuso la primera demanda contra la medida, una coalición bipartidista de 80 alcaldes de los Estados Unidos se reunió en Washington para apoyar y promover la libertad de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Posición de los religiosos

Entre los religiosos del país existe un consenso sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil y el pastor Miguel Bogaert, de la iglesia evangélica Monte de Dios, coinciden en rechazar enérgicamente este tipo de unión de parejas.

Coinciden en que la sexualidad humana fue creada por Dios con el propósito de la procreación y la intimidad que proporciona a una pareja sexualmente activa una relación íntima, emocional y espiritual, a través de la íntima relación física.

A este planteamiento se une la Primera Dama y candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño de Fernández, quien dijo que la familia debe estar compuesta por un hombre y una mujer, y que hombres y mujeres tienen la responsabilidad de criar, formar y educar a los hijos.

Santo Rosario Ramírez, director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), considera que “las leyes son un reflejo del modo en que los individuos establecen sus normas más básicas de convivencia, y en lo que concierne al tema de la homosexualidad, estas leyes no son el reflejo de una realidad colectiva, sino que sirven para constreñir y someter determinadas libertades individuales”.

Jacqueline Montero, directora ejecutiva del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), considera que existe una realidad social que rebasa los márgenes legales y debe obligar a los juristas, políticos y demás representantes sociales a dar un paso adelante y adaptarse a los nuevos tiempos.

Un tema de derechos humanos

El matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema de Derechos Humanos Universales, respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que considera que el matrimonio es un derecho que asiste a todas las personas con independencia de su orientación sexual.

Diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos trabajan para ver reconocido este derecho. Este apoyo se basa en el argumento de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, así como en los problemas de salud física y mental que puede surgir en las parejas del mismo sexo ante la prohibición del acceso al matrimonio.

Países que lo han permitido

Los países en los cuales el matrimonio entre homosexuales es legal son Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina.

En España, además de la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país, existen leyes de parejas de hecho en Andalucía, Navarra, el País Vasco, Aragón, Cataluña, Cantabria, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Ha sido aceptado en seis estados o jurisdicciones de los Estados Unidos: Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, Washington, D.C., Nueva Jersey y New york.

En América Latina, se acepta en dos jurisdicciones de México: México, D. F. y Quintana Roo, mientras que en Colombia, Uruguay y Brasil es permitido a nivel nacional.

Por Grecia Espinosa

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