Embarazo adolescente en República Dominicana: el número de casos cae, pero la desigualdad mantiene el problema
Embarazo adolescente en República Dominicana: el número de casos cae, pero la desigualdad mantiene el problema
SANTO DOMINGO.- República Dominicana ha logrado avances significativos en la reducción del embarazo adolescente, pero el fenómeno continúa representando un importante desafío de salud pública, educación y desarrollo social, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.
Los datos oficiales más recientes muestran que en 2025 se registraron 16.481 embarazos entre adolescentes menores de 19 años, frente a 17.846 en 2024 y 27.476 en 2021. Esto supone una reducción del 40,02 % entre 2021 y 2025.
Sin embargo, la disminución del número absoluto de casos no significa que el problema haya desaparecido. Los embarazos restantes están cada vez más concentrados entre adolescentes que viven en condiciones de pobreza, con menor acceso a educación, servicios de salud, anticonceptivos y oportunidades económicas, así como en territorios donde las uniones tempranas y otras formas de desigualdad tienen mayor incidencia.
DominicanScope ha elaborado un estudio sobre la situación del embarazo adolescente en República Dominicana, sus causas, consecuencias económicas y sanitarias, las desigualdades territoriales y las políticas desarrolladas para combatirlo.
La versión completa del análisis puede consultarse en el estudio original en inglés, publicado por DominicanScope.
La situación actual del embarazo adolescente en República Dominicana
Los datos anuales más recientes ofrecen una imagen más clara que las estimaciones trimestrales.
En 2025, República Dominicana registró 16.481 embarazos entre adolescentes. De ellos, 15.655 correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años, mientras que 826 involucraron a niñas menores de 15 años. Estas últimas representaron el 5,01 % de todos los embarazos adolescentes registrados durante el año.
La evolución de los últimos años muestra una tendencia descendente sostenida. Los embarazos adolescentes pasaron de 27.476 en 2021 a 25.489 en 2022, 23.070 en 2023, 17.846 en 2024 y 16.481 en 2025.
| Año | Embarazos adolescentes registrados | Evolución |
| 2021 | 27.476 | — |
| 2022 | 25.489 | Descenso |
| 2023 | 23.070 | Descenso |
| 2024 | 17.846 | Descenso |
| 2025 | 16.481 | Descenso del 7,65 % |
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicó en marzo de 2026 la actualización correspondiente a 2025. Sus datos muestran que el embarazo adolescente continúa siendo un reto de desarrollo, aunque las cifras presentan una evolución favorable.
Estas cifras deben diferenciarse de la tasa de fecundidad adolescente. El número de embarazos registrados mide acontecimientos registrados durante un determinado período, mientras que la tasa de fecundidad adolescente mide los nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años.
Por esa razón, las bases de datos internacionales pueden mostrar cifras diferentes a los registros administrativos nacionales sin que exista necesariamente una contradicción.
El World Bank’s Gender Data Portal, utilizando datos de la División de Población de Naciones Unidas, situó la tasa de fecundidad adolescente de República Dominicana en 52,8 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en 2023, frente a 67,0 en 2019 y 83,2 en 2015.
Por qué han mejorado las cifras
La reducción del embarazo adolescente se ha producido paralelamente a una estrategia pública más amplia.
En 2021, el Gobierno dominicano puso en marcha la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA). La iniciativa articula actuaciones de salud, educación, protección social y protección de niños, niñas y adolescentes.
El enfoque de esta política va más allá de la anticoncepción. Incluye la prevención de las uniones tempranas, el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva, la ampliación de oportunidades para adolescentes, el abordaje de normas de género perjudiciales y la mejora de la respuesta institucional ante situaciones de vulnerabilidad.
También se han ampliado los servicios destinados específicamente a adolescentes.
En 2024, las autoridades informaron de que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud habían elevado a 38 las Unidades de Atención a Adolescentes y habían capacitado a 546 profesionales de atención primaria en el marco de la política nacional.
Las iniciativas de prevención también han llegado fuera del sistema sanitario.
Durante 2024, programas desarrollados por el Gabinete de Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia alcanzaron a 28.765 personas mediante actividades relacionadas con habilidades para la vida, salud, educación integral, parentalidad positiva y prevención de las uniones tempranas y el embarazo adolescente.
Más recientemente, el Gobierno dominicano, UNICEF y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea informaron de la finalización de un proyecto desarrollado entre 2022 y 2025 para modificar normas de género y prevenir las uniones tempranas.
La iniciativa alcanzó a más de un millón de personas y contó con una inversión aproximada de US$4,58 millones. UNICEF informó de que varias de las intervenciones desarrolladas fueron incorporadas a sistemas nacionales, incluidos programas de prevención en centros de educación secundaria e iniciativas de protección social.
A pesar del descenso, República Dominicana mantiene una carga elevada
Que el número de casos esté disminuyendo no significa que el problema haya desaparecido.
Las comparaciones internacionales continúan situando a República Dominicana entre los países de la región con niveles elevados de fecundidad adolescente.
La serie del Banco Mundial basada en datos de Naciones Unidas situó la tasa dominicana en 52,8 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en 2023, frente a una tasa mundial de 39,1.
La evolución es claramente positiva, pero la brecha respecto al promedio mundial continúa siendo importante.
UNICEF también continúa señalando el embarazo adolescente y las uniones tempranas como desafíos relevantes para el país. Datos de ENHOGAR-MICS 2019 citados por UNICEF muestran que el 20 % de las mujeres de entre 15 y 19 años ya había tenido un hijo nacido vivo o estaba embarazada de su primer hijo.
Esta cifra procede de una encuesta de hogares y no de registros administrativos de embarazos. Por ello, no debe compararse directamente con los 16.481 embarazos registrados por la ONE en 2025.
La diferencia metodológica es importante.
Los registros administrativos indican cuántos embarazos fueron registrados en un período concreto. Las encuestas de hogares permiten estudiar historias reproductivas, condiciones sociales y circunstancias de una población representativa.
Ambas fuentes son útiles, pero responden a preguntas diferentes.
El problema de las niñas menores de 15 años
Los embarazos entre niñas menores de 15 años requieren una atención especial porque combinan vulnerabilidad médica y cuestiones relacionadas con la protección de la infancia.
En 2025, la ONE registró 826 embarazos entre niñas menores de 15 años, equivalentes al 5,01 % del total de embarazos adolescentes registrados.
El embarazo a estas edades no puede analizarse simplemente como una versión más temprana del embarazo entre adolescentes mayores.
La Organización Mundial de la Salud señala que las madres adolescentes presentan mayores riesgos de complicaciones como preeclampsia/eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de entre 20 y 24 años. Los bebés también presentan mayores riesgos de bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y otras condiciones neonatales graves.
El sistema sanitario dominicano dispone de orientaciones específicas para los embarazos que afectan a niñas menores de 15 años.
El protocolo del Ministerio de Salud Pública reconoce la relación entre embarazo muy temprano, desigualdad social y posible violencia sexual, y establece la necesidad de una atención clínica y psicosocial integral.
Esta cuestión es especialmente relevante porque detrás de algunos embarazos a edades muy tempranas puede existir violencia sexual.
Las autoridades sanitarias dominicanas han destacado la necesidad de que los profesionales de la salud identifiquen posibles situaciones de violencia, proporcionen apoyo psicológico y activen los mecanismos de protección correspondientes.
La relación entre embarazo adolescente y uniones tempranas
El embarazo adolescente y las uniones tempranas están estrechamente relacionados, aunque no son exactamente el mismo fenómeno.
Una adolescente puede quedar embarazada sin entrar en una unión, mientras que una unión temprana puede producirse sin que exista un embarazo inmediato. En la práctica, ambos fenómenos pueden reforzarse mutuamente.
República Dominicana introdujo un cambio legal importante en este ámbito.
La Ley 1-21, aprobada en 2021, prohíbe el matrimonio de personas menores de 18 años. La legislación establece que las personas menores de esa edad no pueden contraer matrimonio.
La reforma supuso un avance importante porque el matrimonio formal había constituido anteriormente una vía para formalizar determinadas uniones que involucraban a menores.
Pero acabar con el matrimonio infantil legal no elimina automáticamente las uniones informales o la convivencia temprana.
Según datos de UNICEF, la proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que habían contraído matrimonio o entrado en una unión antes de los 18 años disminuyó del 36 % en 2014 al 32 % en 2019 y al 25 % en la medición especial de ENHOGAR 2024.
La proporción que había entrado en una unión antes de los 15 años también descendió, del 12 % al 9 % y posteriormente al 5 % en esa misma secuencia de mediciones.
El descenso es alentador, pero la carga continúa siendo desigual.
Los datos de UNICEF muestran que las uniones tempranas son más frecuentes entre mujeres con menor nivel educativo, menores ingresos y residencia rural.
Estos patrones ayudan a explicar por qué los promedios nacionales pueden mejorar mientras algunas comunidades continúan registrando niveles significativamente más altos de embarazo adolescente y uniones tempranas.
La pobreza y la educación son factores centrales
El embarazo adolescente es al mismo tiempo una consecuencia y un posible factor de desventaja socioeconómica.
Las adolescentes que viven en condiciones de pobreza pueden tener un acceso más limitado a información sanitaria fiable, anticonceptivos, transporte, servicios de salud confidenciales y oportunidades educativas.
A su vez, un embarazo temprano puede dificultar la permanencia en el sistema educativo, la adquisición de cualificaciones y el acceso posterior al empleo formal.
UNICEF ha documentado la relación entre maternidad temprana y desventaja educativa en República Dominicana.
La evidencia nacional muestra que la proporción de mujeres jóvenes que habían tenido un hijo antes de los 18 años era considerablemente mayor entre los hogares más pobres y entre aquellas con únicamente educación primaria.
Las uniones tempranas presentan un patrón similar.
Según UNICEF, el 65 % de las mujeres que habían entrado en una unión antes de los 18 años solo había completado la educación primaria en los datos de referencia utilizados.
La relación funciona en ambas direcciones.
Una adolescente que abandona prematuramente la escuela puede enfrentarse a un mayor riesgo de unión temprana y embarazo. Al mismo tiempo, el embarazo y las responsabilidades de cuidado pueden dificultar su regreso al sistema educativo.
Esto crea un círculo en el que la desventaja educativa aumenta la vulnerabilidad reproductiva y la maternidad temprana puede reducir todavía más las oportunidades educativas.
El acceso a información sexual y reproductiva importa
Prevenir el embarazo adolescente requiere algo más que pedir a los adolescentes que no mantengan relaciones sexuales.
La evidencia internacional y los estudios realizados en República Dominicana apuntan hacia una combinación de información precisa, acceso a anticonceptivos, servicios sanitarios confidenciales, protección frente a la violencia sexual y capacidad para tomar decisiones dentro de las relaciones.
Un análisis de UNFPA basado en datos de ENHOGAR-2018 encontró que tres de cada cuatro embarazos adolescentes no eran intencionales.
El análisis identificó entre los factores asociados a los embarazos adolescentes no intencionales las necesidades insatisfechas de planificación familiar, las deficiencias en educación integral en sexualidad y el uso inconsistente o ineficaz de métodos anticonceptivos.
ENHOGAR-2018 también mostró diferencias en el uso de anticonceptivos según características socioeconómicas y geográficas.
Entre adolescentes sexualmente activas se observaba el uso de métodos anticonceptivos modernos, pero también una dependencia significativa de métodos como el coitus interruptus.
La conclusión para las políticas públicas es clara: el conocimiento y la disponibilidad deben convertirse en acceso práctico y utilización correcta y constante.
Un método que está disponible sobre el papel, pero que resulta difícil de obtener de forma confidencial para una adolescente, puede no ofrecer una protección efectiva en la vida real.
Inicio de las relaciones sexuales y diferencias de edad
El inicio temprano de las relaciones sexuales constituye otro elemento relevante.
ENHOGAR-MICS 2019 encontró que el 15 % de las mujeres de entre 15 y 24 años que habían mantenido relaciones sexuales declaró haber tenido su primera experiencia sexual antes de los 15 años.
La misma fuente encontró que el 18 % de las adolescentes sexualmente activas de entre 15 y 19 años que habían mantenido relaciones sexuales durante el año anterior declaró haber tenido relaciones con un hombre al menos diez años mayor.
Estos datos no demuestran que todas las relaciones sexuales a edades tempranas sean coercitivas.
Sin embargo, ponen de manifiesto por qué las políticas de prevención del embarazo adolescente deben incluir protección frente al abuso, la explotación y las relaciones desiguales, en lugar de concentrarse exclusivamente en el comportamiento individual.
En el caso de las niñas menores de 15 años, la dimensión de protección adquiere todavía mayor importancia.
La OMS considera el embarazo adolescente un importante problema de salud pública, mientras que los protocolos sanitarios dominicanos establecen la necesidad de investigar posibles situaciones de violencia en los embarazos que afectan a niñas de este grupo de edad.
La desigualdad geográfica es uno de los grandes desafíos
Los promedios nacionales ocultan importantes diferencias entre provincias.
En 2025, las mayores proporciones de embarazos adolescentes se concentraron en varias provincias del noroeste y de la zona fronteriza.
Según los datos de la ONE correspondientes a 2025, Monte Cristi registró la mayor proporción, con un 26,45 %, seguida de Elías Piña, con 25,07 %; Dajabón, con 24,59 %, y Santiago Rodríguez, con 23,95 %.
Estas cifras representan la proporción de embarazos que correspondieron a adolescentes dentro de cada territorio, no el número absoluto de embarazos adolescentes.
Por ello, una provincia con una población menor puede registrar un porcentaje superior sin tener necesariamente más casos que una provincia mucho más poblada.
Datos anteriores también identificaron a provincias como Pedernales, Valverde, Independencia y Monte Cristi entre aquellas con porcentajes especialmente elevados.
Esta concentración geográfica sugiere que la política nacional debe complementarse con intervenciones locales específicas.
La respuesta más efectiva en una zona urbana densamente poblada puede no ser idéntica a la que necesita una comunidad rural o fronteriza con diferentes niveles de pobreza, acceso a servicios sanitarios, migración y prevalencia de uniones tempranas.
El coste económico del embarazo adolescente
Las consecuencias del embarazo adolescente van más allá de la salud y la educación.
La maternidad temprana puede reducir el nivel educativo, las oportunidades laborales y los ingresos a lo largo de la vida, al mismo tiempo que aumenta el gasto público en salud y servicios sociales.
Un estudio dominicano realizado utilizando la metodología MILENA 1.0 de UNFPA estimó que el impacto socioeconómico del embarazo adolescente y la maternidad temprana alcanzó aproximadamente RD$12.151 millones, equivalentes a US$245 millones, en 2018.
La cifra representaba el 0,29 % del producto interno bruto del país en ese año.
El mismo estudio estimó al menos US$21 millones de gasto público en salud asociado al embarazo, el parto, el posparto y la atención de recién nacidos de adolescentes de entre 10 y 19 años.
También calculó importantes pérdidas de ingresos a lo largo de la vida asociadas a la maternidad temprana.
Estos cálculos son históricos y no deben presentarse como una estimación del coste económico de República Dominicana en 2026.
Su importancia está en demostrar que el embarazo adolescente no constituye únicamente un problema social o sanitario. También afecta al capital humano, a la productividad y al uso de los recursos públicos.
UNFPA confirma que su metodología MILENA mide los costes de oportunidad en dimensiones como educación, participación laboral, ingresos, salud e ingresos fiscales.
Consecuencias sanitarias para las adolescentes
El embarazo durante la adolescencia puede implicar riesgos médicos superiores a los observados en mujeres adultas.
La OMS señala que las madres adolescentes presentan mayores riesgos de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de entre 20 y 24 años.
Los bebés nacidos de madres adolescentes también presentan mayores riesgos de nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y condiciones neonatales graves.
El nivel de riesgo no es idéntico para todas las adolescentes.
La edad, el estado de salud, el acceso al control prenatal, la nutrición y la calidad de los servicios médicos pueden modificar considerablemente las consecuencias.
Una adolescente de 19 años que dispone de una atención sanitaria adecuada no se encuentra en la misma situación médica que una niña de 12 años embarazada en un contexto de pobreza y posible violencia sexual.
Por ello, las respuestas de salud pública deben diferenciarse según la edad.
Las estrategias de prevención dirigidas a adolescentes de 15 a 19 años deben coexistir con vías clínicas y de protección especializadas para las menores de 15 años.
¿Qué ocurre con la educación después del embarazo?
El embarazo puede interrumpir la educación debido a una combinación de obstáculos prácticos y sociales.
Una joven madre puede tener que cuidar de un bebé, carecer de apoyo para el cuidado infantil, enfrentarse a presiones familiares para permanecer en casa o sufrir estigmatización cuando intenta regresar a la escuela.
UNICEF ha señalado reiteradamente el embarazo adolescente como uno de los factores que limitan las oportunidades educativas de las niñas en República Dominicana.
La evidencia más amplia también muestra que las uniones tempranas y la maternidad están asociadas con menores niveles educativos y peores perspectivas laborales futuras.
Sin embargo, el embarazo no debería interpretarse como el final de la educación de una adolescente.
Las políticas públicas deben facilitar la continuidad y el retorno al sistema educativo, ofrecer mecanismos flexibles cuando sean necesarios, proteger a las estudiantes frente a la discriminación y conectar a las madres adolescentes con servicios de cuidado infantil y protección social.
La prevención debe combinarse, por tanto, con un segundo principio fundamental: una adolescente que queda embarazada no debería perder su oportunidad de completar su educación y construir un futuro independiente.
¿Qué ha hecho el Gobierno dominicano?
La respuesta dominicana ha evolucionado desde programas aislados hacia una política nacional más coordinada.
La PPA articula medidas de prevención, salud, educación, protección social y protección de niños, niñas y adolescentes, con una implementación que se extiende hacia 2030.
Entre los principales elementos de la respuesta se encuentran:
- Prevención de las uniones tempranas mediante intervenciones comunitarias y escolares.
- Educación integral en sexualidad y habilidades para la vida para ayudar a los adolescentes a tomar decisiones informadas.
- Servicios de salud adaptados a adolescentes y atención especializada.
- Programas de parentalidad positiva destinados a mejorar la comunicación y la protección dentro de las familias.
- Programas de prevención en centros educativos para abordar las normas de género y las uniones tempranas.
- Intervenciones de protección social dirigidas a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
- Mecanismos de protección para niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia o abuso.
El enfoque está cada vez más orientado a modificar las condiciones que rodean al embarazo adolescente, en lugar de considerar cada embarazo como un acontecimiento aislado.
Prevenir el embarazo por sí solo no es suficiente
Una estrategia centrada exclusivamente en la anticoncepción dejaría fuera varios de los factores que contribuyen al embarazo adolescente.
Una adolescente no puede ejercer plenamente sus decisiones reproductivas si sufre violencia sexual, depende económicamente de una pareja mayor, ha abandonado la escuela, no puede acceder a servicios sanitarios confidenciales o vive en una comunidad donde la maternidad temprana se considera una transición normal hacia la vida adulta.
Por eso, las agencias internacionales han puesto cada vez más énfasis en los enfoques integrales.
En 2024, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y UNFPA reunieron a actores regionales en República Dominicana para acelerar la reducción de los embarazos adolescentes no planificados entre poblaciones vulnerables y mejorar el uso de datos desagregados para identificar a los grupos más afectados.
La experiencia dominicana también muestra la importancia de abordar las normas de género.
Una investigación de UNICEF realizada en nueve municipios encontró la persistencia de normas sociales y culturales relacionadas con las uniones tempranas y la fecundidad adolescente, al tiempo que destacó sus vínculos con la violencia, los resultados educativos y la pobreza intergeneracional.
¿Cómo debería ser una prevención eficaz?
La evidencia disponible apunta hacia una estrategia formada por varias capas, en lugar de una única intervención.
- Mantener a las niñas en la escuela
La educación constituye uno de los factores de protección más importantes disponibles para los responsables de las políticas públicas.
Mantener a las niñas en la educación secundaria amplía sus oportunidades, retrasa las uniones tempranas y aumenta las alternativas disponibles para construir su futuro.
Los programas de prevención deberían integrarse con medidas destinadas a reducir el abandono escolar y apoyar a las estudiantes que afrontan dificultades económicas o familiares.
- Hacer que los anticonceptivos sean realmente accesibles
Los adolescentes necesitan información precisa y acceso práctico a métodos anticonceptivos eficaces.
Los servicios deben ser confidenciales, respetuosos y adecuados para su edad.
La disponibilidad sobre el papel no es suficiente si los adolescentes temen ser estigmatizados o no pueden llegar físicamente a un servicio.
- Proporcionar educación integral en sexualidad
La educación sexual debe abordar anticoncepción, consentimiento, relaciones, infecciones de transmisión sexual, igualdad de género, toma de decisiones y protección frente al abuso.
El objetivo no debería limitarse a proporcionar información biológica, sino a dotar a los adolescentes de herramientas prácticas para tomar decisiones.
- Prevenir las uniones tempranas
La prohibición del matrimonio antes de los 18 años constituye una protección legal importante, pero la prevención también debe abordar las uniones informales.
Las intervenciones comunitarias deben cuestionar la idea de que entrar en una unión constituye una solución inevitable frente a la pobreza, los conflictos familiares o el deseo de independencia.
- Proteger a las niñas menores de 15 años
El embarazo entre niñas menores de 15 años requiere una respuesta especializada que combine asistencia sanitaria, apoyo psicosocial y mecanismos de protección de la infancia.
La posibilidad de violencia sexual o explotación debe tomarse en serio y evaluarse adecuadamente.
- Apoyar a las madres adolescentes
Las políticas de prevención no deben estigmatizar a las adolescentes que ya están embarazadas.
Necesitan atención prenatal, apoyo psicológico y social, protección frente a la violencia, ayuda para el cuidado infantil y una vía realista para regresar a la educación.
- Concentrar recursos en los territorios de mayor riesgo
Los promedios nacionales pueden ocultar concentraciones locales.
Los recursos deberían dirigirse especialmente a las comunidades donde coinciden embarazo adolescente, pobreza, uniones tempranas y abandono escolar.
Qué nos dicen realmente los datos de 2025
Los datos de 2025 ofrecen una imagen más compleja que una interpretación exclusivamente negativa o positiva.
Por un lado, República Dominicana registró 1.365 embarazos adolescentes menos que en 2024 y más de 11.000 menos que en 2021.
Es una mejora significativa y sugiere que las políticas nacionales de prevención están produciendo resultados medibles.
Por otro lado, 16.481 embarazos en un solo año siguen representando una importante carga de salud pública y desarrollo.
Más de 800 correspondieron a niñas menores de 15 años y varias provincias registraron porcentajes de embarazo adolescente superiores al 24 %.
Existe además una advertencia estadística importante.
La proporción de embarazos correspondientes a adolescentes aumentó 1,31 puntos porcentuales en 2025 a pesar de que el número absoluto de embarazos adolescentes disminuyó.
Esto ocurrió porque los embarazos correspondientes a otros grupos de edad disminuyeron todavía más rápidamente.
En otras palabras, un indicador puede mejorar mientras otro empeora.
Por eso, un análisis responsable requiere observar simultáneamente el número absoluto de casos, la proporción respecto del total de embarazos, las tasas de fecundidad y la evidencia procedente de encuestas de hogares a largo plazo.
La actualización oficial de la ONE confirma precisamente este comportamiento: 16.481 embarazos adolescentes en 2025 y una participación del 19,31 % sobre el total de embarazos registrados.
El papel de las familias y las comunidades
Las familias pueden desempeñar un papel decisivo en la prevención.
Una comunicación abierta sobre relaciones, consentimiento y anticoncepción puede reducir la desinformación y facilitar que los adolescentes busquen ayuda antes de que aparezca una situación de crisis.
Pero la responsabilidad familiar no debe utilizarse para trasladar toda la carga a los padres.
Las escuelas, los profesionales sanitarios, los programas de protección social y las instituciones de protección de la infancia también tienen responsabilidades.
Las actitudes de la comunidad también son importantes.
Cuando la maternidad temprana o las uniones informales se consideran vías normales hacia la vida adulta, los mensajes individuales de prevención tienen un alcance limitado.
Modificar las expectativas sobre la educación de las niñas, su independencia económica y sus oportunidades futuras forma parte de la solución a largo plazo.
Sobre DominicanScope:
DominicanScope es un medio digital independiente en inglés dedicado a informar, analizar y explicar la actualidad de República Dominicana para una audiencia internacional. Su cobertura abarca temas de política, negocios, turismo, sociedad, cultura, medio ambiente, vivienda y otros asuntos relevantes para comprender el país.