LO QUE NO DICE EL NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

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Por Guillermo Morales Cata

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Como se sabe, el pasado 15 de abril de 2011 el Consejo de Ministros aprobó el  nuevo Reglamento de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España que hoy sigue en vigor (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009).

El Reglamento es la base legal que regula la situación de los extranjeros en España. Ha pasado ya más de un año y cuatro meses  pero ¿de qué manera la Administración ha puesto en práctica el nuevo Real Decreto? Esta es la gran pregunta.

Cuando se publico el mencionado RD 557/2011 Legalcity invitó a que fueramos cautelosos y espeasemos a ver de qué formas y maneras se desarrollaba el Nuevo Reglamento por parte de las distintas oficinas de extranjería en toda España porque, lamentablemente, existe una distancia muy grande entre lo que dice el Reglamento y lo que luego sucede en la práctica. Existen miles de ejemplos que prueban esta opinión.

El Reglamento que hoy está en vigor dice, por ejemplo, que si existen antecedentes penales a la hora de una renovación de permiso “la administración valorará…” y sin embargo continúa existiendo un terrible y lamentable automatismo penales-denegación. Es decir, que si un extranjero tiene un determinado antecedente penal la oficina de extranjería que tramita el expediente lo deniega automáticamente. ¿Dónde queda entonces aquello de “valorar”?

Legalcity optó en su momento por la prudencia mientras no se unificaran los criterios y estos se hicieran públicos. Pero de la prudencia ahora pasamos a la indignación porque sigue existiendo  un velo invisible y sin embargo negro que se cierne sobre la población inmigrante.

Lo más preocupante es que decisiones tan gravosas se tomen sin ni siquiera realizar un trámite de audiencia al interesado quien con toda seguridad le hubiera explicado al funcionario que corresponda para evitar de esta manera que la Administración incurra en estas indiscriminadas oleadas de denegaciones. No podemos olvidar que estamos tratando con la dignidad de seres humanos y sus familias que se ven entonces obligadas a un eterno camino judicial y a gastos de dinero para poder recurrir judicialmente las resoluciones de la Administración.

Sí, porque el extranjero –que es el sujeto legitimado para la presentación de la solicitud- puede interponer potestativamente en un plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la resolución un Recurso de Reposición. Incluso, puede interponer en un plazo de dos meses un Recurso Contencioso Administrativo.

Estamos obligando al extranjero, con estas prácticas, a que se sumerja en el letargo de los Recursos y del tedioso y lento camino de la administración de la justicia que de por sí es lenta, cuando se opte por el Contencioso. Pero es que también son muy lentos los Recursos de Reposición que suelen tardar más de tres meses en ser respondidos.

No basta con que se publique un nuevo Reglamento. El Reglamento es la base legal que regula la situación de los extranjeros en España pero es algo distante, lejano, de una realidad que se sucede día a día en cada oficina de extranjería donde se aplican instrucciones y “criterios” que lamentablemente no se hacen públicos aún cuando estamos hablando de una entidad de la administración general del Estado, del Estado de Derecho, y no de una organización secreta.

Y aunque en oficinas de extranjería como la de Barcelona -hay que reconocerlo públicamente- se ha mejorado mucho (algunos lo atribuyen a que hay menos expedientes) todavía falta seguir avanzando en aras de lograr lo que se presume debe tenerse en un auténtico Estado de Derecho: total transparencia.

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