Por Frank Segura

Ingeniero y Comunicador

En enero de 2023 entró en vigor la disposición de la Eurocámara que incluyó a la Energía Nuclear y el Gas Natural en su taxonomía de «energías verdes», con lo cual se consideran propias de la transición ecológica que contribuyen a mitigar el cambio climático.

Esta disposición contó con la oposición de España, acompañada solo de Austria, Dinamarca y Luxemburgo en rechazo a esta medida de la Unión Europea con la que dio luz verde al financiamiento y beneficios fiscales a estas fuentes energéticas.

El gobierno de España ha seguido una ruta contradictoria, siendo el único país de la comunidad europea que ha decidido clausurar sus cinco emplazamientos de centrales nucleares con un calendario de cierre escalonado que inicia en 2027 y concluye en 2035, siendo esta contradicción motivo de intenso debate en la política española.

Con esta decisión, España estaría prescindiendo de la energía nuclear, que suple al día de hoy el 20% de su matriz eléctrica, en un panorama de creciente dependencia de las energías renovables que ocuparon en 2024 alrededor del 57% del referido mix energético.

El reciente apagón masivo ha intensificado las críticas hacia este plan de cierre nuclear, ya que a pesar de sus riesgos, las centrales nucleares ofrecen una estabilidad al sistema que ni la eólica ni la solar pueden garantizar de forma continua.

La realidad es que al día de hoy no hay un pronunciamiento oficial concluyente sobre las causas reales del corte de energía, limitándose las autoridades a descartar un ciberataque y señalar que la desconexión repentina de plantas en el suroeste peninsular (Sevilla, Granada y Badajoz) derivó en el colapso total del sistema. Esta región concentra un segmento importante de plantas de energía fotovoltaica, cuyo funcionamiento depende de factores ambientales y meteorológicos.

Al igual que en España, en República Dominicana reviste gran importancia redefinir un modelo energético que equilibre tres aspectos fundamentales: primero, asegurar la confiabilidad del suministro (no apagones); segundo, que los costos de producción y distribución sean asequibles para la población; y finalmente, que se garantice la sostenibilidad ambiental.

El resultado  de esta ecuación: República Dominicana necesita otra Punta Catalina! (continuará)