Aumento sueldos JCE es burla a criollos en el exterior
Santo Domingo.- El aumento de sueldo a los jueces y a altos funcionarios de la Junta Central Electoral constituyen una cruel burla al pueblo dominicano y en particular a los dominicanos residentes en el exterior quienes hemos sido afectados económica y emocionalmente por la decisión arbitraria del presidente de esa institución, Roberto Rosario, que dispuso el cierre de las oficinas de la Junta que funcionaban en el extranjero alegando falsamente que no había fondos para mantenerlas operando.
Los millones que ahora aparecen para beneficiar a una burocracia insaciable son suficientes para cubrir los salarios normales que devengarían los empleados de las 19 oficinas de la JCE clausuradas en el exterior, las cuales tampoco generaban gastos de renta en tanto funcionaban en los locales cedidos por los consulados.
El despilfarros en estos aumentos y el reconocimiento público de que la Junta habría obtenido un superávit de 45 millones de pesos del presupuesto que se le había asignado en el 2012, demuestran que el cierre de las oficinas en el exterior no tiene que ver con falta de recursos sino con las ambiciones personales y aspiraciones políticas de Roberto Rosario quien utiliza tal medida como un elemento de presión para obtener del gobierno fondos y nombramientos de allegados en instituciones que le permita posicionarse para impulsar sus aspiraciones políticas.
Así, los dominicanos residentes en el exterior somos rehenes de Roberto Rosario en la rebatiña que se ha desatado entre los dirigentes del PLD quienes se disputan áreas de poder y futuras candidaturas presidenciables.
Roberto Rosario ha secuestrado el derecho que tenemos los dominicanos residentes en el exterior a recibir los servicios que la Junta debe proporcionar; creando angustias entre nuestra gente que se ven precisados a hacer gastos excesivos para obtener desde Santo Domingo actas de nacimiento, actas de divorcios, defunción, obtención de cedulas y otras documentación necesarias para resolver cuestiones migratorias y legales.
Para colmo la clausura de las oficinas de la JCE en el extranjero es ejecutada en un momento en que se produce en Estados Unidos un debate sobre una reforma migratoria que podría legalizares a miles de compatriotas.
Solamente la terquedad y la arrogancia de quienes se emborrachan con el poder pueden explicar que el presidente de la JCE desoiga los reclamos por la reapertura de las oficinas de la institución que le han formulado diversas instituciones democráticas y sectores organizados, incluyendo sectores congresuales y oficialistas.
La condenable prepotencia de Roberto Rosado es tan criticable como la actitud pasiva y permisiva con que el Presidente de la República, Danilo Medina, ha permitido que una medida tan inhumana afecte a tantos dominicanos, alegando un respeto institucional que solamente es observado cuando se trata de perjudicar a los pobres.
27oct/amodom
