Cataluña: cinco años de crisis institucional, desafío al Estado y tres presidentes procesados por la justicia

  • Las próximas elecciones en Cataluña serán las terceras en menos de seis años

RTVE.es

La inhabilitación ya efectiva de Quim Torra como ‘president’ vuelve a paralizar la Generalitat de Cataluña, que acumula ya cinco años de crisis institucional marcados por la inestabilidad de los gobiernos, la pugna de los partidos independentistas al Estado y la actuación de la justicia, que ha condenado a dos presidentes catalanes mientras otro está procesado y huido a Bruselas. En el escenario se vislumbran elecciones para principios del año 2021, que serían las terceras desde septiembre de 2015.

Con el cese de Torra se abre un nuevo período de incertidumbre e interinidad en la Generalitat, que desde las elecciones de septiembre de 2015 ha estado en funciones un total diez meses -hasta la investidura de Carles Puigdemont en enero de 2016 y desde finales de octubre de 2017 hasta mayo de 2018. Las elecciones, salvo sorpresa, no se esperan hasta primeros de 2021 y la conformación de un nuevo Govern podría durar algún tiempo más.

En tres años, en Cataluña se ha celebrado un referéndum de autodeterminación, ha habido una declaración unilateral de independencia, un Govern derrocado mediante el artículo 155 de la Constitución y posteriormente condenado en su mayoría por sedición y/o malversación. En estos años, además, dos presidentes de la Generalitat han sido inhabilitados –el primero fue Artur Mas en 2017 por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014- y otro, Carles Puigdemont, está huido de la justicia por el ‘procés’ independentista.

Artur Mas y la disolución de CiU, un antes y un después

Buscar una causa y origen en toda esta deriva independentista será tarea de los historiadores. Pero el primer presidente de la Generalitat desde la democracia en plantear abiertamente un desafío contra el Estado fue Artur Mas. Ya en su primer debate de investidura de 2010 habló de una “transición nacional” y posteriormente defendió el “derecho a decidir” del pueblo catalán, molesto en parte con el recorte que le había hecho poco antes el Tribunal Constitucional al Estatuto de autonomía de 2005.

Fue durante su segundo mandato cuando convocó la primera consulta independentista, el 9 de noviembre de 2014, pero el Gobierno español la impugnó dos veces y finalmente se celebró, aunque sin valor jurídico. Por esta consulta, Artur Mas fue el primer presidente de la Generalitat inhabilitado, aunque la sentencia llegó cuando ya no estaba en ejercicio de ese cargo, en marzo de 2017.

La deriva soberanista de Mas acabó con la disolución de su coalición, Convergencia i Unió (CiU), en 2015 y dejó a la parte independentista de Convergència en un proceso de refundación que prosigue a día de hoy con múltiples choques entre el JxCat de Carles Puigdemont y el PdeCat.

Las elecciones del 25 de septiembre de 2015 dieron vencedor a Mas, pero no logró gobernar y comenzó entonces el periodo de mayor inestabilidad institucional en Cataluña desde la democracia. Sin mayoría absoluta, el veto de la CUP a apoyar su investidura por los casos de corrupción que acechaban a su partido alargó los meses hasta que, finalmente, en enero de 2016, Mas dio un paso a un lado en favor de Carles Puigdemont, que fue investido presidente de la Generalitat.

Puigdemont: referéndum, DUI y 155

Puigdemont se erigió presidente al límite del período permitido por ley, se comprometió a construir la república catalana en 18 meses y a “dejarse la piel” por la independencia. A finales de septiembre de 2016, tras haberse sometido a una cuestión de confianza planteada por la CUP, anunció un referéndum para un año más tarde.

Tras meses de desavenencias con el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar consensuar la celebración de la cita, Puigdemont convocó de forma unilateral el referéndum el 1 de octubre de 2017. Pero llegó septiembre y aún no tenía marco legal para celebrarlo. Fueron los días 6 y 7 de septiembre cuando el Parlament aprobó, de forma precipitada y saltándose los procedimientos habituales, las dos leyes de “desconexión” con el Estado español, que fueron suspendidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional.

Pero el referéndum se celebró, pese al intento del Gobierno de pararlo desplegando en Cataluña policías y guardias civiles, con unas imágenes violentas que dieron la vuelta al mundo.

Aunque la consulta era ilegal y el Ejecutivo invalidó los resultados, el 10 de octubre Puigdemont declaró de forma unilateral la independencia de Cataluña para dejarla suspendida inmediatamente después. El 27 de octubre el Parlament declaró también la independencia de Cataluña y se comprometió a iniciar el camino hacia la república.

Lo ocurrido en un mes en esta comunidad autónoma fue el mayor desafío al Estado de la democracia, por el que fueron detenidos días más tarde los responsables políticos del Govern y de las asociaciones civiles ANC y Òmnium Cultural y dio lugar a uno de los juicios más relevantes y mediáticos del siglo.

Octubre de 2017 supuso una fractura para la sociedad catalana y una crisis institucional sin precedentes, llegando el Gobierno central a declarar el artículo 155 por el que cesó a todo el Govern y tomó el mando de la autonomía hasta la investidura de Quim Torra en 2018.

Torra, dos años y medio de choques con la justicia

La participación había tocado techo en las elecciones de diciembre de 2017, pero quedó dividida en dos bloques. Había ganado Ciudadanos, pero el independentismo era mayor en escaños y seguía manteniendo que el de Puigdemont era el gobierno legítimo.

Torra llegó a la Generalitat el 17 de mayo tras cinco meses de parálisis en pleno 155. Era el candidato ‘D’ tras el intento de investir telemáticamente al propio Puigdemont, huido a Bélgica, a Jordi Sánchez (ANC) y a Jordi Turull (PDeCat).

En ese tiempo, el independentismo -aunque dividido- no ha cesado en sus desafíos al Estado, con múltiples resoluciones en el Parlament de Cataluña a favor de la autodeterminación, por la libertad de los “presos políticos” del ‘procés’ y contra la Monarquía, muchas de las cuales fueron impugnadas por el Tribunal Constitucional.

La sentencia del ‘procés’ llegó en octubre de 2019, dos años después. Estableció penas máximas de hasta 13 años de prisión por sedición -en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras- y el independentismo volvió a protestar en la calle con fuerza.

En febrero de 2020, PSOE y ERC pactaban la creación de una mesa de diálogo para resolver el “conflicto político” en Cataluña previo al apoyo de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez. Siete meses más tarde y una pandemia de por medio, la mesa no ha llegado todavía a arrancar y el Ejecutivo ya adelantó que no se sentará con un presidente inhabilitado.

Ahora, la inhabilitación a Torra ha puesto fin a dos años y medio marcados por sus constantes choques con la Justicia, que le llevaron a dos procedimientos judiciales en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia en las elecciones de abril de 2019. Uno sigue pendiente de resolución y el otro le ha llevado definitivamente a su inhabilitación, ratificada este lunes por el Supremo.

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