El aborto divide otra vez sociedad dominicana

 

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El tema del aborto ha originado nuevamente diferentes opiniones y debates entre sectores de las iglesias, facultativos de la salud, y organizaciones de la sociedad civil. Unos favorecen y defienden que se realice en algunas causales como malformación, incesto, violación o cuando la vida de la madre peligre; mientras otros se oponen y amparan su penalización.

 

Desde el pasado año, representantes de las diferentes religiones han expresado desacuerdo en que se contemple como una práctica normal, debido a que se estaría violando el respeto y el derecho a la vida.

 

En tanto que organizaciones de la sociedad civil condenan el hecho de que una mujer se exponga a morir por las imposiciones que sectores religiosos quieren establecer en el nuevo Código Penal.

 

Posiciones religiosas y científicas

Sobre la penalización del aborto, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), reverendo Fidel Lorenzo Merán,  valoró como positiva y de gran avance para el país la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del nuevo Código Penal, acorde con la Constitución de la República que protege la vida desde la concepción.

 

“Es un paso notable que ha dado el país.  Tenemos un Código a la altura de los nuevos tiempos luego de más de quince años de lucha y defensa a la cultura de la protección de la vida”, expresó.

 

El tema del Código Penal era uno de los grandes asuntos pendientes de la nación en materia legislativa, ya que era necesario adecuarlo a los nuevos tiempos en que algunos crímenes y delitos debían castigarse con nuevas penas, sostuvo el religioso.

 

Recordó que el artículo 110 del Código Penal, que enviaba el tema del aborto a la creación de una ley especial fue eliminado, tal como lo habían reclamado amplios sectores del país, porque en la forma que algunos los planteaban era inconstitucional.

 

En tanto que el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, aseguró que la penalización del aborto lo fomentará de manera clandestina y elevará la mortalidad materna.

 

Calificó como un retroceso la decisión de los legisladores sobre lo ya establecido en el artículo 110, que ordena “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, y que ahora manda a que estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial.

 

Indicó que en situaciones donde haya que interrumpir el embarazo por algunas de las causas citadas, se puede producir la muerte de la madre.

 

El presidente del CMD aclaró que no están de acuerdo con el aborto criminal que es cuando una mujer “por ejemplo tiene ocho semanas de embarazo (dos meses) y el niño no tiene ningún problema, ni mucho menos la madre, y ella decide sacárselo, ahí  no estamos de acuerdo”, sostuvo.

 

“El problema es el concepto. Los médicos estarán  atados de brazos. Va aumentar la mortalidad materna. Con esa forma de legislar de los diputados, eso es indiscutible. Habrá situaciones donde  el médico no querrá ni ponerle la mano a la paciente. Esto también fomentará los abortos clandestinos como de hecho están ocurriendo”, añadió.

 

Reacción legislativa

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, ha afirmado que ese organismo legislativo no actuó bajo presión de ningún sector para aprobar el Código Penal que se encuentra en la Comisión de Salud del Senado.

 

No obstante, aseveró que para su conocimiento y aprobación hay que dejar de un lado “los egos y el fanatismo”.

 

Martínez dijo que el fanatismo está arraigado en esta discusión y pidió observar el párrafo que ese hemiciclo eliminó, no el artículo 110: “Se han detenido a leer qué decía el párrafo, pero simplemente el escrito dice que algunos temas van a ser de la competencia de una ley especial que se aprobaría más adelante”.

 

En ese sentido, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor Ito Bisonó, proponente de la eliminación del artículo 110, afirmó  que desde el 2010, cuando se realizó la reforma a la Carta Magna ha sido coherente sobre el respeto de la vida y expuso que para el PRSC es importante tanto la madre como el feto.

 

Explicó que el artículo 43 del Código Penal abre la posibilidad de que los médicos que agotando todos los mecanismos científicos no pudieran salvar una de las dos vidas o las dos, no van a ser perseguido por la justicia. «Ese artículo con una lectura comprensiva abre la puerta para salvar muchas vidas dónde la madres pudieran estar en peligro».

 

Entiende que el debate sobre el Código Penal y el tema del aborto van a seguir desde el punto de vista científico-religioso;  y observó que la vida de todo ser humano debe ser garantizada como en otras naciones.

 

De su lado, el electo diputado José Laluz consideró que ese tema es una discusión de principio del siglo pasado y es algo absurdo y observó que la Carta Magna prohíbe el aborto, pero que lo permiten ciertas circunstancias, que hay que mantenerlas en la legislación.

 

Señaló que el Código Penal debe responder a los requerimientos actuales de la sociedad del siglo XXI, y que no se concibe que la República Dominicana esté bajo esas normas jurídicas.

 

Mientras que el diputado del Partido Revolución Dominicano (PRD), Geovanny Tejeda,  aseguró que la decisión de la Cámara de Diputados respecto a la penalización del aborto respondió a las presiones de las iglesias Católica y Evangélica.

 

Rechazó que se pretenda obligar a una mujer a terminar un embarazo cuando sea fruto de una violación, incesto o presente malformaciones congénitas.

 

Ley especial conllevaría modificar Constitución

El diputado Víctor Ito Bisonó advirtió que para crear una ley especial sobre el aborto habría que realizar una modificación a la Constitución en su artículo 37, que protege la vida desde la concepción.

 

En iguales términos, también, se pronunció el senador Luis René Canaán, presidente de Comisión de Salud del Senado, que ahora estudia el proyecto.

 

El pasado lunes 25 de julio,  durante el cierre de la primera legislatura,  el Senado de la República envío a la Comisión de Salud el controversial proyecto, para ser debatido en la próxima legislación que inicia el 16 de agosto del presente año.

 

Por: Amaurys Florenzán

DOMINICANOSHOY

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