Inmigrantes sin papeles rechazan en Madrid su exclusión del sistema sanitario

 

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Madrid.- En apenas un par de semanas, la ecuatoriana Mariana Guerrero no solo cumplirá tres meses en el paro también perderá el derecho a acceder a la sanidad pública española. La inmigrante,oriunda de Manabí, laboraba como empleada doméstica.

Los trabajadores de este sector se rigen en el país europeo por un régimen especial que les impiden cobrar una prestación por desempleo. Por tanto, al dejar de cotizar a la Seguridad Social solo pueden acceder a los servicios sanitarios gratuitos durante un período de 90 días naturales posteriores al despido. Después quedan excluidos del Sistema Nacional de Salud de España. Es lo que le ocurrirá a la connacional que esta tarde manifestó junto a la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal en la plaza de Callao de Madrid.

Los activistas quisieron denunciar a través de una performance (representación artística) las diferentes situaciones que desde hace un año les ha provocado la entrada en vigor del Decreto de Ley que modificó la cobertura sanitaria para limitar el acceso a los sin papeles solo en situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente; la asistencia al embarazo, parto y postparto; a menores de edad; solicitantes de asilo y refugio y víctimas de trata.

La Administración retiró la tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas y les ha abocado a formar parte de un «un modelo de aseguramiento, excluyente e injusto», denunciaron los manifestantes.

Desde el 1 de septiembre pasado, los extranjeros que carecen de documentación en regla necesitan suscribir un convenio para poder ser atendidos. La póliza cuesta 60 euros al mes para quienes tienen entre 18 y 64 años; y, 157 si sobrepasan esa edad. En definitiva, denuncia Nacho Revuelta, miembro de la Plataforma, solo «tendrán sanidad quienes dispongan de recursos; quienes no, deberán sobrevivir con las dolencias».

La organización ha creado 19 grupos de acompañamiento en la capital española para «buscar resquicios en la normativa y conseguir la atención que requieren los afectados». Unos 2.200 médicos han recurrido a la objeción de conciencia para seguir prestando sus servicios a los inmigrantes que pierdan la tarjeta sanitaria.

Con esta medida excluyente, desde el punto de vista de Pedro Zerolo, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular se ha «retratado como el partido de la involución al atentar contra los derechos humanos». El político y los miembros de la Plataforma coinciden en la necesidad de continuar con las movilizaciones para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de garantizar la igualdad de trato y oportunidades ante una «legislación xenófoba».

 

 

11sep/amodom
elunvierso.com
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