La Policía aborta el primer intento de compraventa de órganos en España, que deja cinco detenidos

La Policía aborta el primer intento de compraventa de órganos en España, que deja cinco detenidos

2014_3_12_Tm6YmH9IbdPqX2ueY4y3X1La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en la Comunidad Valenciana, en el primer caso de compraventa de órganos abortado en España, por ofrecer a nueve inmigrantes hasta 40.000 euros a cambio de parte de su hígado, que se iba a trasplantar a un ciudadano libanés que está entre los arrestados.
Los cinco detenidos han quedado posteriormente en libertad, tres de ellos imputados por un delito de tráfico ilegal de órganos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, acompañado por el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, y la inspectora jefe de Policía Judicial de Valencia, Ester Maldonado, informaron de los detalles de la operación.

Denuncia
Cosidó explicó que fue una denuncia de una ONG de ayudas a inmigrantes la que inició las pesquisas policiales en junio de 2013. En ella informaba a la Policía de que una mujer, una ciudadana argelina de 28 años y en situación irregular, le había confesado que le habían ofrecido una suma de dinero a cambio de una parte de su hígado.
La mujer incluso llegó a hacerse todas las pruebas en una clínica costeadas por el receptor, aunque finalmente fue descartada al descubrir que estaba embarazada y, por tanto, no podía someterse a ninguna operación.
Como ella, otros ocho inmigrantes habían sido captados por el ciudadano libanés, alcalde en una ciudad de ese país, de 61 años y con una grave enfermedad hepática, en connivencia con cuatro ciudadanos más, dos de origen palestino y dos del Líbano, todos residentes en España.
Los nueve inmigrantes, siete de ellos en situación en irregular, se hicieron las pruebas en una clínica privada. Unas pruebas muy específicas como resonancias abdominales, TAC, volumetrías hepáticas, cuyo importe total, unos 12.000 euros, fue facturado a una empresa radicada en Alicante propiedad de dos de los detenidos.
“Acudían a esta clínica mediante el subterfugio y la excusa de los intermediarios, que les hacían pasar las pruebas como turistas que venían a España a hacerse análisis médicos”, indicó la inspectora jefe.
Solo uno de los posibles donantes superó los análisis. Un ciudadano rumano que sí llegó al Clínico de Barcelona

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