La verdad sobre los trámites de Nacionalidad Española

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Guillermo Morales Catá
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Los últimos serán los primeros. No es una máxima sino una realidad. Inmigrantes que han presentado su solicitud de nacionalidad española el año pasado ya la tienen concedida a día de hoy; en menos de un año. En cambio, personas que la solicitaron en el año 2010 aún siguen sin saber absolutamente nada de sus expedientes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está sucediendo esto que tanta polémica ha traído en las últimas semanas? La respuesta ha sido filtrada a Legalcity; un despacho de abogados, asesores y expertos en temas migratorios con sede centran en Barcelona.

Desde que el año pasado el Ministerio de Justicia firmó un convenio con el Colegio de Registradores para agilizar los trámites de los expedientes y estos se comenzaron a digitalizarlos, lo que parecía organizado se convirtió en un caos y se comenzaron a digitalizar los últimos expedientes presentados (los de 2012) y aquellos de 2010 cayeron en el olvido; según han confirmado fuentes solventes a Legalcity que prefieren mantenerse en el anonimato. Insistimos en que aunque estas fuentes optan por mantenerse en el anonimato son bastante solventes y fiables para este despacho.

Sin embargo, en los próximos meses -previsiblemente de cara al verano- todo este “caos” podría ser solucionado porque según nuestras fuentes tanto el Ministerio de Justicia como el Colegio de Registradores se han dado cuenta del error ; lo que implicará que el sistema de tramitación digital de expedientes de Nacionalidad Española permitirá que los casos futuros estén listos en un plazo de entre seis meses y un año. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo ha asegurado hace apenas unos días que que en el verano estarán “en condiciones de superar el atasco con los expedientes que ya están en fase de instrucción”.
El año pasado el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, dijo que para Diciembre del 2012 estarían ya digitalizados todos los expedientes de solicitudes de Nacionalidad española pero es evidente que ello no sucedió. La prueba es lo que hemos dicho, que personas que la solicitaron en el año 2010 aún siguen sin saber absolutamente nada de sus expedientes mientras que otras que presentaron sus solicitudes en el 2012 ya tienen concedida la Nacionalidad. Cuando Gallardón había anunciado a bombo y platillo la digitalización de los expedientes algunos interpretaron el anuncio como un guiño a la población extranjera; posibles votantes de cara a las próximas elecciones generales.

Tras firmar un convenio el pasado 25 de junio con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles, se han incorporado 1.000 oficinas a la revisión de los expedientes pero el colapso ha sido tal que a fecha de hoy lo prometido sigue siendo deuda; o lo que es lo mismo, el famoso“plan de choque” que pretendía poner al día todos los expedientes no ha dado, de momento, resultados.
Sin embargo, peticiones presentadas en 2012 ya se han resuelto, mientras aún quedan otras de años anteriores porque cuando el Ministerio de Justicia puso en marcha su plan de choque utilizó los servicios de los registradores de la propiedad, pese a que no son funcionarios ni su habilitación les obliga a dominar la materia civil, para ayudar a los apenas 40 funcionarios que hasta entonces se ocupaban del papeleo. Eso permitió repartir 400 expedientes por registrador para agilizar los trámites. Pero, a la vez, se perdió el orden de entrada. “Cuando llegamos al Ministerio de Justicia en los sótanos de la calle de Jacinto Benavente [donde se ubica la Dirección General de Registros y Notariado] había varias salas llenas a rebosar de cajas apiladas de expedientes”, explica el subsecretario de Justicia.

El Ministerio de Justicia se ha encontrado con que cada año se registraban unos 150.000 expedientes y que solo tenía la capacidad de resolver 120.000. Eso suponía una bolsa de peticiones en espera que se iba hinchando cada año. La entrada masiva de inmigrantes entre 2007 y 2008 disparó las peticiones, de forma que, en 2011 aún había centenares de miles de carpetas de años anteriores en tramitación, la mayoría de ciudadanos de origen latinoamericano (sobre todo de Ecuador, Colombia y Perú), aunque también de Marruecos. Y la cosa iba a más.
Juan Bravo explica que a los registradores no se les ha trasladado la competencia de la nacionalidad, sino que se limitan a comprobar que está toda la documentación. Después, el expediente pasa al director general, que es el que resuelve formalmente la petición y la firma. Este tiene pendientes a día de hoy 103.000 casos para resolver y ha enviado peticiones a otros 11.000 solicitantes para que presenten documentación adicional.
Además, la Dirección General ha firmado otros 96.000 expedientes, que se han notificado a los Registros Civiles de toda España. Estos son los encargados de comunicar al solicitante que dispone de 180 días para jurar o prometer acatar la Constitución y al Rey.

El subsecretario de Justicia confía en que en los próximos meses se agilice el proceso y en verano se haya finalizado con el atasco. “A partir de ahí, lo previsible es que el ritmo de entrada empiece a caer”, confía. Solo entonces finalizarán los problemas de miles de solicitantes, convertidos ya en españoles de pleno derecho.

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