Sindicatos y ONG critican que las empleadas de hogar no tengan derecho a paro
La regulación del trabajo doméstico obliga a dar de alta a todas las empleadas antes del 30 de junio La normativa es confusa y no logra la equiparación total con el resto de trabajadores.
IBIZA. Los responsables de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, apoyan la ley que regulariza la situación laboral de las empleadas del hogar y que entró en vigor el pasado mes de enero. El secretario general de UGT, Diego Ruiz, y la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Anna María Fussa, coincidieron en calificar de «avance» esta normativa, aunque destacaron que aún no es suficiente para garantizar la igualdad de derechos de este colectivo laboral en relación a otros, ya que por ejemplo, y pese a que estén cotizando a la Seguridad Social, estas trabajadoras no tienen derecho a prestación por desempleo, un hecho que criticaron con dureza todos los ponentes.
La nueva norma establece un régimen de cotización a la Seguridad Social, un salario mínimo –el interprofesional, 641 euros al mes por una jornada de 40 horas semanales–, la obligación de formalizar los contratos (lo habitual es que no los haya en este sector), el derecho a dos pagas extras anuales, a vacaciones y a mejores condiciones para las bajas laborales. Todo ello tiene por objeto sacar a este colectivo de la economía sumergida, pues según los datos aportados por los participantes en la mesa redonda del Club Diario de Ibiza el miércoles –organizada por el Casal de Dones del Ayuntamiento de Ibiza–, solo una tercera parte de las empleadas del hogar en España están dadas de alta.
La intermediadora laboral de la Cruz Roja Meritxell Herrera advirtió de que la nueva ley afectará especialmente a las mujeres inmigrantes, que abundan especialmente en este colectivo, muchas de las cuales están en situación irregular y con la nueva normativa van a tener mucho más difícil encontrar un trabajo por la presión que sufrirá el empleador. Dicha ocupación «es una de las salidas que tenían las mujeres que llegaban a España sin papeles, pero también es cierto que se vulneraban sus derechos y a veces se las explotaba», añadió.
Maite Barchín, trabajadora social de Cáritas, explicó que las empleadas de hogar tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones y uno de los periodos debe constar como mínimo de 15 días seguidos. Además, la normativa determina las condiciones de la extinción del contrato, que equipara a las de los demás trabajadores. La cotización es del 22 por ciento este año.
Fussa recordó que CCOO lleva treinta años reivindicando la regularización del trabajo doméstico y, aunque la normativa le parece insuficiente, destacó como aspectos positivos que se define el salario mínimo y se dan ciertas garantías a las mujeres (como límites de horarios y sueldo mínimo), de las que dijo que más del 70 por ciento tienen cargas familiares. Además, destacó el hecho de que gracias a la regulación podrán acceder a una prestación en caso de enfermedad.
La rumana Mariana Dociu, empleada de hogar, consideró que «la ley tiene partes buenas y no tan buenas» y lamentó que tras cinco años en España haya perdido el derecho a trabajar debido a que los ciudadanos de Rumanía necesitan permiso de trabajo en los otros países de la UE. Dociu advirtió de que «muchas personas se aprovecharán de quienes no pueden pedir que les hagan contrato y no lo pueden denunciar» por estar en situación irregular.
Por su parte, el portavoz de la Plataforma por la Convivencia, Víctor Heyn, que agrupa a diez asociaciones de inmigrantes extracomunitarios en Ibiza, criticó que «las leyes se hacen en base al deseo a recaudar impuestos. Es una ley con muletas, nos ayuda a caminar pero no nos permite correr». Heyn ensalzó el trabajo de estas mujeres: «Cuidan de nuestra historia, al cuidar a nuestros mayores, y de nuestro futuro, de nuestros hijos. Es una discriminación muy flagrante hacerles contrato y que no tengan derecho a paro», denunció. Ruiz alertó de que habrá problemas en el proceso de regularización y de hecho ya conocen casos en los que las empleadas asumen parte del coste de la cotización.
Los derechos. «El empleador tiene que cotizar»
Maite Barchín, trabajadora social de Cáritas, advirtió de que la regulación es confusa, complicada para las familias que tienen que regularizar a sus empleadas de hogar e incompleta, ya que no tienen derecho a paro. Barchín explicó que el plazo para regularizar la situación de estas trabajadoras ante la Tesorería de la Seguridad Social acaba el 30 de junio y advirtió de que hay que dar de alta también a las que solo trabajan horas sueltas en un domicilio. «El empleador tiene la obligación de cotizar», explicó y señaló que se regula el pago en especie (no puede superar el 30 por ciento), se debe entregar una nómina o recibo salarial a la trabajadora y se establece el tope de la jornada semanal en 40 horas. Además, el descanso semanal tiene que ser de 36 horas consecutivas entre el sábado y la mañana del lunes, aunque se puede modificar si así lo acuerdan las partes.
