Unas 200 familias pierden sus casas a diario en España por la crisis

Así lo reveló el Consejo General del Poder Judicial de ese país.

Cada día son más fuertes los coletazos de la crisis europea sobre el común de la gente. El informe de esta institución española señala que el año pasado se hicieron 42.789 desalojos por cuenta de familias que lograron ponerse al días con sus deudas bancarias. Actualmente, dijo el Consejo a la BBC, hay cerca de 1,2 millones de viviendas desocupadas en manos del sector financiero.

La consejera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Raquel Rolnik, rechazó los resultados de ese informe e hizo un llamado a los bancos para que trazen un plan de emergencia que permita reducir el impacto de la crisis sobre los ciudadanos. «La mayoría de las personas que están perdiendo sus viviendas son inmigrantes que vienen a España a encontrar oportunidades», afirma.

De hecho, la Central Hipotecaria del Inmigrante, en España, sostiene que los ecuatorianos residentes en ese país tienen una amplia participación entre los afectados por la crisis. El primer impacto estuvo relacionado con el crecimiento en la tasa de desempleo, y posteriormente con la reducción del poder adquisitivo entre las personas. «Ahora que nos quedamos sin casa y con las dificultades para alquilar sin contrato ni nómina ya no tenemos nada que hacer aquí», dice Aída Quinatoa, una ciudadana ecuatoriana que perdió su vivienda, en entrevista con la BBC.

CRISIS GENERÓ RECORTES SOCIALES EN ESPAÑA

Y es que los servicios sociales en España ven cada vez más amenazada su cobertura por cierres y recortes de personal entre graves problemas de liquidez de las administraciones públicas, pese a una demanda creciente reflejada en abarrotados comedores sociales y en cada vez más gente sin hogar.

Con un 21,8 por ciento de la población por debajo del umbral de la pobreza, según datos oficiales, y la tasa de desempleo más alta de la zona euro, el sector de atención social amenaza con reducirse drásticamente por falta de pago, cuando no por recortes, justo en momentos en que la crisis los hace más necesarios que nunca.

«Esta dinámica (de más pobreza y menos cobertura social) venía dándose desde tiempo atrás. Lo que hace la crisis es acelerar esas dinámicas», afirma Carlos Alberto Castillo, director de la sección de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.

La financiación de estos servicios -que atienden desde enfermos mentales y adictos a las drogas hasta mujeres maltratadas- depende en gran parte, cuando no únicamente, de subvenciones de endeudadas Comunidades Autónomas (CCAA) y municipios, que actualmente están restringiendo al máximo su gasto para cumplir los objetivos de déficit.

El comedor social Ave María, uno de los que distribuyen gratuitamente alimentos en Madrid, se ve cada mañana desbordado por una pequeña multitud que no para de crecer. Financiado por caridad y gestionado por la Iglesia católica, el centro es una de las escasas excepciones que escapan a la «quiebra».  «Ahora hay mucha gente ‘normal’ que se ha quedado en el desempleo y tiene que venir, les cuesta por vergüenza (…) En el momento en que el paro aumenta, con el tiempo la gente se queda sin subsidio, y cuando se acaban los recursos, hay que recurrir a los servicios sociales», explica Paulino Alonso, coordinador del comedor.

La red contra la pobreza EAPN España -que engloba a decenas de organizaciones sociales desde Cruz Roja a Cáritas- cifra en 450 millones de euros la deuda pendiente de cobro de los organismos públicos. «Se están produciendo retrasos de pago en centros de atención de personas, y éstos, que en algunas casos son muy prolongados, están afectando a su probabilidad de supervivencia. Hay algunos que están cerrando o a punto de cerrar, que no pueden continuar sin fondos», dijo Carlos Susias, director general de EAPN España.

DEUDA INSOSTENIBLE EN ESPAÑA

Las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, que fundamentalmente tienen transferidas competencias que afectan al ámbito social -educación y sanidad, en gran parte- tienen un déficit pendiente de 167.852 millones de euros, de los cuales 135.151 millones corresponden a las regiones autónomas, según datos del Banco de España del tercer trimestre de 2011.

Las limitaciones de financiación y la crisis del crédito ha llevado a muchos proveedores de servicios públicos a cerrar. Como botón de muestra, las grandes empresas cotizadas de servicios acumulan deudas multimillonarias con las administraciones.

En los servicios de mantenimiento, basuras y jardines, ACS, FCC y Ferrovial acumulan deudas vencidas pendientes de pago por 5.000 millones de euros de los ayuntamientos, mientras el sector farmacéutico amenaza con abandonar proyectos en el país y llama a una urgente solución a la deuda de 6.300 millones de euros por suministros de fármacos no pagados.

Para ilustrar la dimensión del problema, el Gobierno se ha visto obligado a facilitar créditos por hasta 35.000 millones de euros para que los proveedores puedan cobrar y no retroalimenten la larga cola del desempleo.

Pero la situación, lejos de resolverse, amenaza con agravarse habida cuenta de que las Comunidades Autónomas van a hacer el mayor esfuerzo presupuestario, con recortes previstos para este año de 15.000 millones de euros que ya han provocado quejas de diversos líderes regionales.

Tras desafiar a Bruselas elevando al 5,8 por ciento del PIB el déficit previsto en 2012 desde el 4,4 por ciento inicialmente comprometido, el Gobierno central se enfrenta al riesgo de desafíos similares desde las regiones del país. Con los bancos prácticamente cerrados al crédito y sin aceptar como garantía las deudas pendientes con la administración, en Castilla-La Mancha, las enfermeras de una residencia de discapacitados psíquicos en Puertollano, Ciudad Real, acumulan cuatro meses sin cobrar. 

«Nuestras enfermeras hacen un trabajo excelente. Todos los residentes tienen discapacidad, lo que quiere decir que necesitan cuidados las 24 horas de la cuna a la tumba, pero nuestros cuidadores no pueden continuar con su propia vida si no les pagamos», explica Mercedes García, directora del centro operado por la Fundación Fuente Agria.

Pablo Ortiz, de 37 años, trabajaba en un centro cofinanciado por la misma comunidad -con una deuda sobre su PIB de más del 18 por ciento- y el ayuntamiento de Numancia de la Sagra, un pueblo toledano de 11.000 habitantes donde atendía a familias con dificultades. «El 29 de diciembre nos llama el alcalde (a dos de tres empleados) y nos dice que no nos renueva (…) el motivo oficial es que no hay dinero», explica.

Otro termómetro de la crisis es el aumento de los tratamientos contra la ansiedad y las enfermedades depresivas, a los que podrían sumarse un crecimiento de adicciones y otros hábitos dañinos que habitualmente no dan la cara a corto plazo.

«La gente puede empezar a beber mucho ahora que no tiene trabajo, pero no llegará a ser un alcohólico y un problema social hasta dentro de cinco años, y si tiene hijos, sus hijos no lo serán hasta dentro de 20», dijo el sociólogo Jacobo Ferrer.

 

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