Los inmigrantes «sin papeles» siguen en un laberinto sanitario.
El seguro de 710 euros anunciado por el Gobierno para los extranjeros aún no existe.
Los irregulares llevan seis meses excluidos del sistema normalizado.
El 62,6% de los españoles opina que los sin papeles deben ser atendidos.
Madrid.- Los sin papeles siguen en un laberinto sanitario. La póliza de salud que el Gobierno anunció para garantizar la atención básica a extranjeros en situación irregular no existe seis meses después de que fueran excluidos del sistema. Desde entonces, por ley, alrededor de 150.000 solo tienen derecho a la atención de urgencias, parto, posparto y pediatría. El convenio que ideó el Ministerio de Sanidad y que —aunque pagando 710 euros al año si son menores de 65 años y el doble sin son mayores— les permitiría acudir sin trabas a consultas de atención especializada o pruebas diagnósticas está paralizado. Mientras, la atención que reciben es desigual según las autonomías. Algunas, como País Vasco, Asturias o Andalucía, les asisten a pesar de la ley. Otras, como Madrid, cumplen estrictamente la exclusión.
El citado convenio fue aprobado en octubre pasado por el Consejo Interterritorial de Sanidad para dar cobertura a todo aquel que hubiera quedado fuera del sistema con la reforma sanitaria y quisiera contratarlo: los sin papeles y los rentistas que ganan más de 100.000 euros, por ejemplo. El convenio iba a regularse mediante una orden ministerial, pero finalmente se hará a través de un Real Decreto porque “garantiza más seguridad para aquellos que se acojan”, según Sanidad. Aseguran que el hecho de que País Vasco y Andalucía hayan recurrido la exclusión sanitaria al Tribunal Constitucional nada ha tenido que ver en el retraso de este capítulo del polémico peaje sanitario.
El documento está ahora a la espera del dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Allí estudiarán su contenido y las alegaciones que hayan presentado las comunidades. Asturias, por ejemplo, a la totalidad del texto.