Cinco años de carcel la funcionaria que cobraba para regularizar a extranjeros

16-02-2012 EFE
La Fiscalía ha acordado hoy rebajar de doce a cinco años y un día de prisión la pena a una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid acusada de facilitar, a cambio de entre 2.000 y 5.000 euros, documentos falsos a una veintena de extranjeros para que consiguieran permiso de residencia.

En la última sesión del juicio antes de que un jurado popular de la Audiencia Provincial se reúna para resolver el veredicto sobre otros tres acusados, el Ministerio Fiscal ha explicado que la rebaja de la pena se ha debido a que Ana María L.V. ha reconocido los dos delitos que se le imputaban -falsedad documental y cohecho- y ha mostrado su arrepentimiento.

La defensa de la funcionaria señaló el pasado día 7, primer día del juicio, que su cliente había actuado acuciada por las deudas que tenía, ya que debía pagar una hipoteca y unas operaciones quirúrgicas para perder peso.

Además, la fiscal, que ha calificado el juicio como «un poco peculiar», ha absuelto de complicidad a la abogada experta en temas de extranjería Alejandra L.A., para quien en principio pedía cinco años de cárcel, ya que cree que no existen pruebas contra ella, tal y como manifestaron los policías que testificaron en la vista.

La Fiscalía sí ha mantenido su petición de pena de cinco años de cárcel para otros tres supuestos cómplices -Lester Donnie M.L., Virgilio S.L. y Ashley H.P.-, de nacionalidad venezolana, dominicana y cubana, respectivamente, por captar a los ciudadanos extranjeros a los que luego se les pedía dinero para conseguirles sus papeles.

Así, la fiscal ha recordado en su informe final que varios testigos han declarado cómo fueron engañados para pagar entre 4.000 y 4.500 euros en efectivo a Ashley cuando éste les dijo que ese pago era imprescindible para conseguir la residencia en España e incluso saltarse las colas que se formaban en las comisarías.

Los hechos juzgados tuvieron supuestamente lugar entre 2005 y 2007 cuando, según el fiscal, Ana María L.V. alteró hasta en veinte ocasiones los datos informáticos de inmigrantes para facilitarles la obtención de permisos de residencia y cobró alrededor de 60.000 euros.

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