Cobrarán a los «sin papeles» 4.392 euros por cesárea y 2.800 por día en la UCI


España.- El Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside María Dolores de Cospedal, aplicará precios para ricos a los inmigrantes “sin papeles” que acudan a la sanidad pública.
El catálogo de precios por acto médico para quienes no posean la condición de asegurado –básicamente, los inmigrantes sin permiso de residencia- cifra en 4.392 euros el coste para el bolsillo de una cesárea con complicaciones y en hasta 2.824 euros la estancia por día en una UCI de hospital. Eso sí, lo que no ha explicado el Ejecutivo castellanomanchego es cómo piensa cobrar los servicios.

Publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha desarrolla el decreto que desde el pasado día 1 deja sin sanidad gratuita a quienes no consten como beneficios de la Seguridad Social. A diferencia de lo decidido por otras dos comunidades gobernadas por el PP, Castilla-León y Galicia, el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ha cortado cualquier atisbo de esperanza de sanidad gratuita. Algunos observadores anticipan ya que la resolución publicada ayer provocará un éxodo de inmigrantes hacia otros territorios más benévolos.

En la práctica, cobrar a una parturienta sin papeles y, por tanto, sin trabajo legal, cantidades que oscilan entre 2.369 euros (parto sin complicaciones) y 4.392 euros (cesárea con complicaciones) implica alejar de un manotazo de los hospitales públicos a uno de los sectores más golpeados por la crisis.
Difícilmente una mujer en esas condiciones podrá afrontar el pago. Como raramente también podría hacerlo un sin papeles que necesitase hemodiálisis: porque cada sesión le costaría 282,64 euros. La resolución sugiere escenarios negros cuando aborda, por ejemplo, el precio de un traslado en ambulancia con soporte vital avanzado, las Uvimóvil capaces de mantener con vida a un accidentado o una víctima de infarto hasta su llegada al hospital: 1.033,13 euros.

A escala global, se calcula que el decreto gubernamental que priva de sanidad pública a los no asegurados afectará a 153.000 sin papeles. Ocho comunidades, entre ellas las ya citadas de Galicia y Castilla y León, han optado por no aplicar la nueva norma. Que la medida más dura conocida hasta la fecha haya partido de la número dos del PP sugiere que el Gobierno no alberga la menor intención de dar marcha atrás.

13 Sep/ Amo Dom/ Legalcity.es

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