Constitución de la República Dominicana… un pedazo de papel.

Amín Arias GarabitoAmín Arias Garabito
Politico dominicano residente en Europa

Ya nos lo advirtió el Presidente de «las muñecas y las bicicletas» y no nos lo creímos al cien por ciento: «la Constitución dominicana es un pedazo de papel», dijo. Con letras, eso sí, pero que al parecer resultan imposibles de leer por los encargados de interpretar y aplicar sus postulados.

De los derechos fundamentales que se consagran en la misma un número importante de los servidores públicos no conoce ni siquiera el significado y alcance de la Ley Fundamental, porque, por poner sólo un ejemplo, no es difícil ver cómo mueren a diario a manos de las fuerzas del orden (las que están llamadas a proteger al pueblo, no a reprimirlo) jóvenes a los que se les cuelga inmediatamente el cartel de delincuentes, sin haberse hecho investigaciones previas en la mayoría de los casos y sin haberse cumplido con el escrupuloso respeto a la dignidad humana que exigen las leyes y en especial los derechos a la libertad, seguridad e integridad personales recogidos en los artículos 40 y 42. Se les aplica directamente la pena de muerte que está expresamente prohibida por el artículo 37 al dispararles a matar sin ningún tipo de miramientos para después utilizar la recurrida y muy manida excusa del «intercambio de disparos».

Republica Dominicana es un país donde la diversidad sexual no tiene cabida porque el respeto al derecho de hombres y mujeres a amar a quien quieran está supeditado a los razonamientos cavernarios de la derecha y a la ignorancia manifiesta de un importante número de compatriotas (que no escapan a su doble moral) que no tienen contacto con el mundo y viven encerrados en los limites mentales que ellos mismos se han impuesto o que han dejado que les imponga el clero que lleva dos mil años pisoteando al mundo sin conceder el derecho al amor más allá de lo que ellos consideran que es amor, sin embargo se arrogan el mismo derecho de «amar» a indefensos niños y niñas sin que les llegue a pasar nada en la tierra y con la convicción de que con pedir perdón en el momento de la Extrema Unción su Dios les permitirá la entrada en el reino de los cielos sin rechistar.

Es un país en el que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y muchas mueren a manos de sus violentos compañeros de vida; ganan menos dinero que un hombre haciendo el mismo trabajo y todavía tienen que estar sujetas a un injusto sistema de cuotas que impide la llegada a esa igualdad real entre hombres y mujeres, siendo ellas, curiosamente, la mayoría en el país y madres de la otra parte de la población.

Es una nación donde ser pobre es una enfermedad contagiosa y en la que si eres de los que tienen «un poquito más de café en la leche» te jodiste porque ni la crema blanqueadora de Sammy Sosa te salvará de ser señalado como ciudadano de segunda, aunque estés podrido en millones.

La Constitución dominicana recoge una serie de derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas que son violados reiteradamente por los propios representantes de los poderes del Estado. La administración de justicia, en muchos casos, se mueve bajo presiones de los «tutumpotes» que dominan el espacio público desde que le cortaron la cabeza a Trujillo, sus decisiones están viciadas y muy bien remuneradas. Se tiene miedo a llevar por ante los tribunales a cualquier alto cargo del Gobierno porque las consecuencias pueden ser muy graves para quien ose hacerlo. Los periodistas que denuncian las barbaridades de los funcionarios y ex altos cargos de la Administración Pública sufren el riesgo de ser perseguidos por su independencia y el derecho a la información que les asiste. Y la Fiscalía se presta a ese macabro juego.

Al que roba a manos llenas lo convierten en Senador para blindarle frente a la posible acción de la justicia, y cuando se trata de un ex mandatario del que se sabe dejó de usar no hace mucho tiempo las «Chancletas Samurai» en su Villa Juana natal para convertirse en un ser sumamente exquisito, la bajada de calzoncillos y bragas por parte de los jueces, la opinión publica y algunos «estómagos agradecidos» es generalizada, causando el mayor sentimiento de repugnancia entre los ciudadanos y ciudadanas de bien que quieren ver tras las rejas a aquellos que les han condenado a la miseria eterna mientras sus cuentas en Suiza engordan día tras día junto a las colecciones de sombreros y otras pendejadas de sus esposas. Por tanto, la justicia en la Republica Dominicana siempre queda en último plano cuando se trata de salvaguardar los intereses de los poderosos.

Esa falta de justicia contraviene un principio fundamental de la Constitución de la República Dominicana que es la igualdad de todos los dominicanos y las dominicanas ante la ley. Una premisa, la del articulo 39, que en nuestro país no deja de ser un capítulo de algún cuento de hadas: algo que aunque te lo cuenten sabes que no existe.

El derecho a una vivienda digna con los servicios básicos que recoge el artículo 59 parecen una broma cuando nos damos cuenta de que aún hay lugares del país a donde no llega la electricidad o que miles de dominicanos y dominicanas tienen que recorrer kilómetros para conseguir unos pocos galones de agua. El derecho a un empleo digno del artículo 62 es un mal chiste como también lo es el artículo 54 referido a la seguridad alimentaria cuando tenemos a un montón de niños que aparecen intoxicados un año sí y otro también con el desayuno escolar, sin que a los proveedores les pase absolutamente nada por atentar contra la salud de esos pequeños.

La libertad de conciencia no es tal cuando el Tribunal Constitucional promociona las celebraciones de índole religioso de una sola confesión cuando en el país hay cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que no pertenecen a esa determinada religión. El deber del TC y los demás poderes públicos es el de garantizar el respeto a la aconfesionalidad del Estado y dejar las cuestiones religiosas para el ámbito personal de cada magistrado y ciudadanos en general que tengan o no una determinada fe.

Nuestro país adolece de un profundo respeto a las normas. Las tenemos ahí, pero su aplicación es escasa o sencillamente nula y no es raro que cada cacique quiera hacer lo que le da la gana en la patria de Duarte y Duvergé, al más puro estilo trujilllista, santanista, lilisista… A los que gobiernan les gustan mucho las imposiciones, mientras que el respeto a los derechos de las dominicanas y los dominicanos parecen no importar nada. Es como si no tuvieran valor y, créanme, la impotencia que genera tal situación ya reboza el vaso.

Las dominicanas y los dominicanos debemos aprender a exigir con contundencia nuestros derechos a la vez que cumplir con nuestros deberes. Los políticos están llamados a garantizarlos y defenderlos y los poderes públicos están obligados a velar por su cumplimiento. Es momento de que enseñemos a la próxima generación que nuestra Carta Magna no es lo que dijo aquel Presidente de la República. Que esta generación de ciudadanos y ciudadanas está dispuesta a revertir los resultados negativos y dar un rumbo nuevo y positivo al país.

Ya han pasado 169 años de la firma de aquella primera Constitución… Ya es hora de cambiarlo todo.

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