Discapacitados inmigrantes: la doble barrera

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DANIEL CRISTANCHO

Revista Toumai

Hasta el año 2009, sólo uno de cada tres inmigantes discapacitados en España recibía alguna ayuda o subvención económica. Ahora, tres años después, la situación no parece haber cambiado mucho: reducción de pensiones, aumento en los trámites y lentitud del sistema. Y con un agravante adicional: los recortes derivados de la crisis.

 

 

María Álvarez reconoce que la suerte la acompañó durante sus primeros años en España. Vino en 2001 desde su natal Armenia (Colombia) buscando nuevas posibilidades médicas para el tratamiento de su hijo Kenjy, a quien habían diagnosticado una paralisis cerebral del 65%. Al poco tiempo recibió atención especializada y tuvo acceso a terapias, exámenes y evaluaciones médicas. De hecho, Kenjy prontó empezó a asistir a clase y ella se benefició de algunos de los servicios sociales que entonces se concedían para casos como el suyo. «Sólo me pedían el pasaporte. Había muchos menos trámites que ahora. En la educación, el colegio se encargaba de todo y cada tarde venía a casa una chica a atender al niño», recuerda.

Pero la situación cambió con la crisis de 2008, cuando el paquete de ayudas empezó a mermar paulatinamente. Separada y con la dificultad añadida de no encontrar un trabajo que compaginara sus horarios con los de Kenjy, desde hace un tiempo ha decidido buscar recursos por cuenta propia, casi siempre apoyándose en trabajos esporádicos que le van surgiendo. La nacionalidad española, que le concedieron hace cuatro años, tampoco ha supuesto nuevos beneficios para mejorar su situación. Actualmente sólo tiene derecho a una pensión de 500 euros anuales por el grado de minusvalía de su hijo y a un servicio de atención domiciliaria que, sin embargo, desde el próximo mes deberá empezar a pagar. «He tenido que comprar casi todo, desde la silla de ruedas hasta los aparatos que el niño necesita. Para estas cosas prefiero no pedir ayuda. Los servicios sociales no son efectivos. Tardan mucho en tramitar las solicitudes y es lógico que la gente se desanime», añade María.

En 2009, el Gobierno advirtió de que sólo uno de cada tres inmigrantes discapacitados recibía ayudas económicas. El 67% restante sufría riesgo de exclusión

Kenjy tiene ahora 13 años y cursa 1º de la ESO. Pese a su discapacidad, se le dan bien los ordenadores y el manejo de las redes sociales e Internet. Incluso, hace un par de años puso rostro a una campaña televisiva que llamaba la atención de las administraciones y el Gobierno y abogaba por una mayor visibilidad de los casi 226.000 minusválidos de origen inmigrante que viven en España.

BUROCRACIA_ El más reciente informe sobre discapacidad e inmigración se publicó en 2009 bajo el título Las personas inmigrantes con discapacidad en España. En él, el Gobierno de la época advertía de que sólo uno de cada tres extranjeros con algún grado de minusvalía recibía una pensión o ayuda económica, siendo las mujeres el colectivo más perjudicado en temas de apoyo e integración. El 67% restante tenía un bajo nivel de inserción laboral y unas condiciones de vida precarias, lo que les ponía al borde de la exclusión social.

Dejando a un lado la crisis, la burocracia aparece como el principal obstáculo de los discapacitados en su carrera hacia los servicios sociales. Si bien existe una legislación vigente (Ley Orgánica 4/2000) y unos derechos adquiridos —trabajador social, asignación de cuidador, subvenciones, centros especializados, transporte, alimentación, etc.— desde diversos frentes es común que se señalen los fallos del sistema. La delegada de la asociación Discapacitados en Acción, Amparo Vázquez, es enfática al afirmar que el protocolo es actualmente “otra barrera más para el discapacitado. Hay gente que deja de reclamar por desdén o por falta de fuerzas. A las administraciones se les olvida que los recursos disminuyen las limitaciones del minusválido. Son sinónimo de independencia y libertad».

De la misma opinión es la argentina Claudia Novo, quien llegó a España hace 10 años con su hijo Ignacio, que sufría una disfunción cerebral del 75%. Aunque advierte que nunca tuvo problemas a la hora de acceder a las ayudas, reconoce que no todos los inmigrantes corren la misma suerte. «El sistema es lento y tienes que estar en una situación económica difícil para que te escuchen. Desafortunadamente, la discapacidad sigue siendo un mundo pequeño y no se le presta la la atención necesaria», apunta. Además, subraya el que para ella es el mayor inconveniente de toda la cadena: «Me preocupa el futuro. Los padres no estaremos algún día y no sabemos qué pasará con nuestros hijos. Los tenemos muy protegidos».

«Me preocupa el futuro de los niños. Los padres no estaremos algún día y no sabemos qué pasará con nuestros hijos»

SIN PAPELES, NO_ Otro de los principales obstáculos con el que actualmente chocan los extranjeros discapacitados es la obtención del certificado de minusvalía, al cual sólo es posible acceder con la documentación en regla. Si no se tiene, es imposible optar a los servicios sociales. Pero ni la legislación vigente ni la Ley de Extranjería contemplan un trato especial para minusválidos, salvo en el caso de los menores de 18 años. De hecho, muchos de ellos se enfrentan día a día a las adversidades jurídicas y legales que sufre cualquier extranjero en el país. «Para un español es complicado, pero no tanto. Al fin y al cabo va a la oficina y pide su certificado. En cambio, el inmigrante tiene una dificultad añadida. Primero debe sacar sus papeles, esperar que los aprueben y luego sí, acceder a las ayudas que le corresponden», opina el representante de los Servicios Integrales para Discapacitados B&P, Mario Bulla. «No hay distinciones. Yo mismo, desde el servicio que presto, he tenido que trasladar a varias personas hasta la oficina de Aluche para que puedan renovar sus documentos», agrega.

A enero de 2012 no hay una cifra exacta sobre los extranjeros discapacitados que están en situación irregular. No obstante, se estima que son un 18% del total. A las dificultades por acceder a un puesto de trabajo, se suman el exceso de trámites y la lentitud en los procesos de renovación. De ahí que desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) adviertan, una vez más, de la importancia del factor jurídico dentro del proceso de integración y asistencia médica oportuna de estas personas.

nachete2MENOS AYUDAS_ Contrario a lo esperado, la tendencia de las administraciones apunta hacia una menor cobertura en materia de discapacidad. Dentro de las medidas de ajuste aprobadas por el Congreso el pasado 30 de diciembre, el Gobierno de Mariano Rajoy suspendió hasta 2013 la entrega de las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia para todos los minusválidos con grado I de discapacidad. Seis meses antes, sin embargo, ya había tenido lugar una primera llamada de alerta: los trabajadores del sector de Ayuda a Domicilio habían ido a huelga para exigir un mejoramiento en sus condiciones salariales y rechazar el nuevo sistema de asignación de horas laborales.

Los más afectados con la cadena de recortes han sido los propios discapacitados y sus familias. «Desde este mes empezarán a cobrarme la asistencia a domicilio. No voy a poder pagarla y no sé qué va a pasar con Kenjy», concluye María. Pero desde Discapacitados en Acción son todavía más enfáticos y subrayan que la cuestión no radica en la mayor o menor aplicación de la Ley de Dependencia, sino en la ausencia de una serie de condiciones estructurales: «La Ley nos ha dado poco y aún está por desarrollar. El verdadero problema es que ni la Administración ni la sociedad en general han sabido adaptarse a la discapacidad. Hay poca información y poco apoyo. Es algo que aún nos viene grande a todos», conluye la presidenta de la asociación, Amelia Lamaizuere.


MÁS INFORMACIÓN
…. Servicios Integrales para Discapacitados B&P.

c / Flor de lis, 10. Majadahonda – Madrid.
Tel: 91/6397098- 659105070
www.bypdiscapacitados.com 

…. Discapacitados en Acción
www.muycapaces.com
www.compartireiki.blogspot.com
Tel: 697426473

 

 

 

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