El PRD, Peña Gómez y la Sentencia del Tribunal Constitucional.

 

Amín Arias Garabito

 

 

Por Amín Arias Garabito.

Secretario de Relaciones Internacionales de la JRD-Seccional Madrid.
Al momento de escribir este artículo no tengo conocimiento alguno de que se haya efectuado un pronunciamiento oficial por parte del Partido Revolucionario Dominicano mediante el cual esa organización política fijara posición respecto a la ya internacional y tristemente famosa Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, por la que se despoja de la nacionalidad dominicana a cientos de miles de personas por el hecho de tener padres de origen extranjero que al momento de traerlos al mundo no contaban con una situación administrativa regular.

Si la posición del partido ha sido fijada antes de la publicación de este artículo pues sólo resta decir que la misma puede ir en una de estas dos direcciones: la primera, que el pronunciamiento esté en consonancia con este artículo y el Partido haya hecho lo que la ética, la ley y los principios de igualdad y justicia social que defiende le exigen; la segunda, que simplemente se haya pasado sus propios postulados por el forro de los mismísimos timbales, sin miramientos y sin revisarse desde dentro, más pendiente de los líos entre sus «reyes de taifas» que de lo que realmente interesa a la sociedad en su conjunto.

No voy a entrar en desmenuzar nueva vez la Sentencia. Todos sabemos que es una enorme chapuza y que está cogida con papel de fumar. Pero no podemos dejar de repetir, para que a nadie se le olvide, que el Tribunal que está llamado a defender la Constitución de la República ha hecho burla de la misma aplicando unos principios que están expresamente prohibidos por la Carta Magna.

La irretroactividad de la ley es un principio consolidado en la legislación dominicana, y ahora ha venido el Tribunal de Don Milton Ray Guevara (el mismo que celebra el aniversario del TC con una misa católica, en clara violación de otro precepto constitucional que declara a la Republica Dominicana como un Estado aconfesional, contraviniendo la separación Iglesia-Estado y la libertad religiosa al imponer una confesión sobre las demás, otorgándole preferencia, en franca violación a los derechos que asisten a toda dominicana y todo dominicano a profesar o no una determinada fe) y esa caterva de «juristas» a decirnos, pretendiendo tomarnos por idiotas, que las leyes son retroactivas cuando son desfavorables, siempre y cuando a ellos, a sus señorías, les salga de la entrepierna.

La Sentencia (de la que no quiero hablar mucho ya que para su análisis he publicado otras entradas) cuenta con dos votos particulares de dos magistradas que han sabido interpretar la norma de una forma correctísima, y han salvado con sus votos disidentes la dignidad de la institución y del país mismo. Son votos muy críticos y duros contra la Sentencia y sus argumentos tumban por los suelos los aducidos para sustentar la vergüenza de fallo del TC. En resumen, el TC se pronunció alegremente sobre unas cuestiones que debió resolver de otra manera. Sienta un mal precedente y se aleja del objetivo para el que fue creado: la interpretación de la Constitución en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos de un Estado Social y Democrático de Derecho como lo es la República Dominicana.

Tiene la Sentencia del TC dominicano un trasfondo racista y xenófobo sin parangón amparado en un patriotismo de pacotilla que no es más que el fiel reflejo de la miseria moral de quienes la suscribieron, a la vez que está cargada de una inmensa insolidaridad y un desconocimiento absoluto de la situación de los dominicanos que han emigrado a otros países del mundo, muchos de forma irregular (por ejemplo, las yolas a Puerto Rico o los «machetes» para Estados Unidos, Venezuela y Europa) a los cuales jamás se les ha negado el derecho de sus hijos e hijas, aplicando leyes desfavorables de manera retroactiva, a pertenecer y a disfrutar de la nacionalidad del lugar en donde han nacido. Pero lo más grave de todo, insisto, es el desconocimiento de lo que la propia Carta Magna dicta: el respeto a la dignidad humana.

Sobre la Sentencia ya no digo más porque es pensar en ella y me enciendo. Lo mismo le pasa a decenas de dominicanos que sabemos lo que es emigrar y cual es nuestra lucha constante por consignar nuestros derechos allí en donde nos encontremos.

Pero volviendo al tema de la Sentencia y el PRD hay que decir sin ningún tipo de miedo que aquel perredeista que esté a favor de la dichosa Sentencia debe ser inmediatamente expulsado del Partido.

Y ¿por qué tanta contundencia? Se preguntarán algunos. Pues la respuesta es muy sencilla. A parte de que el PRD es el partido que ha defendido los principios democráticos y la igualdad en República Dominicana desde su fundación en el exilio al que obligó Trujillo a miles de dominicanos, es el partido de José Francisco Peña Gómez.

Todos conocemos la historia del líder de masas más grande que ha parido la tierra dominicana y no es para nadie un secreto cuales son sus orígenes. Su ascendencia haitiana fue un handicap que le persiguió siempre, propiciando ataques gratuitos alentados por la extrema derecha del país representada en la malévola figurilla hinchada de Vincho Castillo y sus secuaces, quienes cuando no encuentran qué decir de los demás les acusan de haitianos, de estar conpinchados con las ONGs o de ser traficantes de drogas.

Peña Gómez sufrió en carne propia la persecución desatada contra los haitianos (y contra los dominicanos afrodescendientes de piel negra) en 1937 por los que querían «blanquear la raza». Estuvo siempre señalado y se le llegó a acusar de urdir un plan para llegar a la presidencia de la República y desde allí proclamar la reunificación de la isla, esa que tanto ambicionaron Toussaint, Dessalines y Boyer, para «convertirnos» en haitianos. Muchas barbaridades y tremebundas invenciones.

Lo cierto es que a Peña Gómez no se le puede negar que fue un dominicano de los de verdad, comprometido con su país, con la gente, con los desposeídos y marginados como él. Era un dominicano de incuestionable valor al que hay que poner siempre por encima de Santana, quien vendió la patria a España en cuanto pudo, por estar atagallando el título de Marqués de las Carreras. Siempre por delante de Báez quien primero se negó a proclamar la República en Azua tras el grito de independencia en la Puerta de El Conde, prefiriendo seguir gozando de los privilegios que le otorgaba ser diputado de la Asamblea Nacional Haitiana antes que entregar la isla a unos «muchachos alborotados», pasando por un periodo en el que la entrega de la Bahia de Samaná al mejor postor le parecía el mayor servicio a la patria. Esos dos personajes de la República Dominicana siguen siendo venerados por los ultraderechistas dominicanos que ven en ellos a hombres que se enfrentaron a las huestes haitianas. Siempre si algún personaje de la historia ha luchado contra los haitianos es un gran patriota, pero omiten deliberadamente sus perversas acciones en favor de otras naciones y siempre en contra de la República.

Los perredeistas que defiendan la injustificable sentencia del TC no merecen pertenecer a un partido en el que la igualdad entre todas y todos es base de toda política y en el que la defensa de la Constitución está en el ADN de sus militantes. Porque no creo que nadie sea capaz de olvidar las razones por las que se inició la Guerra de Abril de 1965; los constitucionalistas, perredeistas en su inmensa mayoría, que reclamaban la vuelta de Juan Bosch al poder, y que dejaron muchos de ellos sus vidas en las trincheras de ese honor malogrado, son el ejemplo más claro de que el PRD siempre ha estado al lado de la legalidad y del respeto a la ley fundamental, defendiendo hasta el final sus ideales de libertad.

Milton Ray Guevara, quien fuera congresista de la República por el Partido Revolucionario Dominicano y miembro del Gobierno, no midió las consecuencias de la sentencia, ni las internacionales pero mucho menos las internas. Me pregunto ahora qué pasará con Toni Peña Guaba, por ejemplo, y con los demás hijos del extinto Peña Gómez. ¿Se les retirará la nacionalidad dominicana como a Juliana, la protagonista de la dichosa Sentencia, haciéndoles extensible el hecho de que su padre «no era dominicano» por haber nacido a su vez de padres extranjeros «en tránsito»? ¿Y los descendientes de Toni y de sus hermanos también se quedarán sin actas de nacimiento? ¿Se les declarará oficialmente apátridas? ¿A unos sí y a otros no? Dígannos algo señoras y señores magistrados. Respondan a estas cuestiones defensores acérrimos de la dichosa Sentencia.

¿Se dan cuenta ahora de la gran cagada que han hecho señores magistrados del Constitucional? No se trata sólo de desnacionalizar a Juliana. Es que ustedes acaban de decir que todo hijo de extranjero en situación administrativa irregular nacido en el país NO es dominicano, retroactivamente. ¿Comprenden el alcance del tema?

¿Qué va a pasar con los tataranietos de los haitianos que llegaron hace más de ochenta años al país y que no conocen otra lengua ni otras costumbres que las dominicanas? Se les perseguirá y se les retirará la cédula? ¿Se les deportará y a dónde? ¿Qué pasará además con los descendientes de los cocolos venidos de las Antillas inglesas y que se quedaron en el país también de forma irregular y que hoy gozan de una amplia descendencia de varias generaciones? O los chinos de Bonao y otras partes del país que llegaron hace tantos años y muchos de los cuales se quedaron aún después de habérseles caducado sus permisos de estancia o los que llegaron sin tales permisos. Ellos también son afectados por la desgraciada disposición. Ellos y ellas se quedan ahora en el limbo jurídico, atrapados en el fango de la indignidad porque a unos señores y otras señoras les dio por hacer de Dios y decir quien puede y quien no. Quien es y quien no es. Quien vive y quien muere sin nombre, sin nacionalidad, sin derechos.

Han creado un drama social sin necesidad. Y cada día agravan un poco más la situación al arrojar más leña al fuego pretendiendo justificar la medida nombrando a Duarte. Nos hemos acostumbrado demasiado a coger el nombre de Duarte para todo, llegando al extremo de que el padre de la patria nos sirve igual para un roto que para un descosido.

Cuando el presidente de un alto tribunal sale en rueda de prensa para explicar y justificar una sentencia que acaba de dictar, sin consultar previamente a los demás magistrados y magistradas del tribunal, cual dictador en sus dominios, utilizando argumentos que además no constan en la propia sentencia, es que algo no va bien. Ese acto certifica la falta de rigor de lo que el presidente del TC defiende en lo que firmó con anterioridad. Una sentencia debe tener entidad suficiente para explicarse sola. No necesita de apaños posteriores para convencer a nadie de que lo que dice está construido en base a la justicia que se presume debe dictar dicho tribunal.

La sentencia es obscena hasta la saciedad porque pervierte conceptos jurídicos adaptándolos a determinadas apetencias individuales, que como ya dije antes están permeadas por el racismo y la xenofobia. Lo curioso del caso es que son unos negros (recuerden que a los indios se los comió Colón y no quedó ni uno después de la muerte de Enriquillo y Mencía, últimos caciques de La Española, y su pequeño reducto de súbditos bajados de las lomas del Bahoruco tras la firma de la paz con los españoles) los que discriminan a otros negros. A unos negros que aparte de guerrear con los dominicanos, dominar toda la isla durante veintidós años, cerrar la universidad primada de América y pasar el río Artibonito en busca de una vida mejor, lo único que han hecho es darnos la libertad a los dominicanos. Sí, la libertad. Y no una, sino dos veces: la primera cuando entró Toussaint L’Overture y abolió la esclavitud en la parte que hoy ocupa República Dominicana, y la segunda cuando llegó Boyer quien terminó por fin con la vergüenza de las cadenas vueltas a imponer por Francia y mantenidas por España y los «dominicanos» que hicieron la Guerra de la Reconquista. Boyer, el mismo que propició la ruina del país con su política económica (una de las razones por las que los separatistas, entre ellos Duarte, Sanchez y Mella, apoyaron la subida al poder de Herard) dotó a todos los residentes en la parte Este que hoy es nuestro país del título de ciudadanía, al que sólo podían acceder los criollos blancos ya que la Constitución vigente negaba ese estatus a los libertos, mulatos y esclavos, que eran la inmensa mayoría de la población dominicana. Fueron los haitianos quienes abolieron la esclavitud en lo que hoy es República Dominicana, no lo olvidemos nunca. Ese solo hecho ya debería hacernos cambiar la percepción sobre nuestros vecinos.

La República Dominicana, un país donde más del 80% tiene ascendencia africana se empeña en negar esa realidad y en borrar de la historia todo lo que compartimos con Haití, que es mucho más de lo que nos atrevemos a reconocer. «El negro detrás de la oreja», como dijera Alix sobre los orígenes afro de los dominicanos, es una verdad tan grande como que el mar es azul.

Por esa y otras decenas de razones es imprescindible que un partido político como el PRD donde de repente aparece algún que otro díscolo enganchado a neoliberal que prefiere a Bush en vez de a Obama, a Uribe antes que a Chávez o a Tatcher antes que a Cristina Fernández, olvidando que son parte de un partido socialdemócrata con unas ideas y unos principios radicalmente opuestos a los de la derecha, se pongan las cosas claras. Que no se repitan discursos excluyentes desde las filas del Partido, si no que el PRD sea el abanderado de la sensatez, que ponga cordura en este asunto y que pronuncie un discurso contundente en defensa de los que ahora se quedan sin patria, para así no mancillar el nombre de José Francisco Peña Gómez.
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