¿Es orgánica la Ley de Partidos?

¿Es orgánica la Ley de Partidos?

Por: EDDY OLIVARES ORTEGA
Ha sido motivo de sorpresa y preocupación el hecho de que la Cámara de Diputados aprobara en primera lectura, convenientemente, como si se tratara de una ley ordinaria, con mayoría simple de votos, la Ley de Partidos Políticos, ignorando la categoría de ley orgánica que le asigna la Constitución de la República.

En ese sentido, reconocer que la Ley de Partidos tiene el rango de ley orgánica es tan elemental que no requiere interpretación alguna, como lo demuestra el hecho de que tanto en España como en Latinoamérica, las leyes que rigen a los partidos políticos son orgánicas.

Las mencionadas leyes se encuentran definidas y clasificadas en el artículo 112 de la Carta Sustantiva que dice como sigue: “Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral; el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras.”

Como se puede apreciar, la Ley de Partidos es considerada orgánica porque tiene como base el derecho fundamental de libertad de asociación, al margen de su gran incidencia en el régimen electoral y de que regula a los partidos políticos, los cuales tienen la atribución de garantizar el derecho al sufragio pasivo, mediante la selección de los candidatos a los cargos de elección popular.

Para la aprobación de una Ley de Partidos es conveniente que haya un amplio consenso, el cual cuando no ha sido conseguido por las élites políticas y los legisladores, por tratarse de una ley orgánica, queda garantizado por el procedimiento constitucional que requiere para su aprobación la mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión en cada cámara. Por lo tanto, no resulta saludable para la democracia ni para nuestro Sistema de Partidos que con el propósito de evadir este requisito la Ley de Partidos sea impuesta por una mayoría precaria de legisladores.

Por el anterior motivo es que todos los países que cuentan con leyes de partidos, las han aprobado con la votación casi unánime de sus congresistas, como consecuencia del consenso entre el liderazgo político y la sociedad civil, de la cual sirven de intermediarios los partidos políticos con el Estado. En el caso de España, por ejemplo, fue aprobada con 304 votos favorables, 16 en contra y ninguna abstención.

Sin lugar a dudas, el proyecto que se aprobó en primera lectura, de convertirse en ley, no contribuiría significativamente con la mejoría de la democracia interna y la transparencia de los partidos políticos, que es lo que se debe procura con una Ley de Partidos, por lo que su imposición, de todos modos, sería un contrasentido.

Es por ello que los más prudente debe ser aplazar su conocimiento para que sea aprobada, dentro de un amplio consenso, en la primera legislatura correspondiente al mandato constitucional que se iniciará el 16 de agosto del año 2016, en un ambiente liberado de las pasiones y los intereses particulares que generan las campañas electorales.

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