España recorta gastos de salud a los “sin papeles

Es parte de una poda más amplia, que afecta a jubilados y a alumnos universitarios

MADRID. AFP, AP Y EFE – 21/04/12
El gobierno conservador español, presionado por los mercados para reducir su abultado déficit fiscal, lanzó ayer un nuevo y drástico ajuste que afecta a los jubilados, a los estudiantes y a los inmigrantes extranjeros en situación legal irregular. La meta es economizar 10.000 millones de euros.

El recorte se agrega a una poda presupuestaria similar por 27.300 millones de euros, una de las más drásticas de la historia de España, que debe achicar su rojo presupuestario del 8,51% al 5,3% del PBI, según se comprometió ante la Unión Europea. Con todo, hasta ahora esas medidas no han convencido a los mercados, que miran con creciente temor la posibilidad de que España necesite un rescate financiero al estilo de Grecia, Irlanda y Portugal.

Ayer, la ministra de Sanidad, Ana Mato, informó que desde ahora Madrid anulará la posibilidad de que familiares de residentes legales extranjeros puedan utilizar el sistema de salud. De tal forma, los inmigrantes no podrán acceder al sistema sólo con el certificado de empadronamiento sino que se les exigirá nuevos requisitos para comprobar que viven y trabajan el país. Entre ellos, la ministra mencionó la residencia fiscal, es decir, que paguen impuestos.

Mato justificó este cambio aduciendo los abusos de los inmigrantes legales que traen a sus familiares sólo para recibir tratamientos médicos . Desde ahora, quienes estén en situación irregular sólo podrán acceder a urgencias y maternidad, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona.

Actualmente, los extranjeros residentes en España suman 5.711.040 personas, de los cuales medio millón son considerados ilegales o “sin papeles”. El anuncio es un giro radical de la política aplicada desde que en 2000, en plena avalancha migratoria, la Ley de Extranjería abrió las puertas a los inmigrantes en situación irregular a la tarjeta sanitaria con el único requisito de que estuvieran empadronados. Madrid aspira a ahorrar 500 millones de euros.

Tal como se sabía desde el miércoles, la reforma sanitaria también despoja a los jubilados de su beneficio de no pagar por los medicamentos e incrementa la contribución a la factura farmacéutica del resto de los ciudadanos. La medida, que busca ahorrar 7.000 millones de euros, recibió duras críticas de los sindicatos, para los cuales apunta a “desmantelar el sistema sanitario público”.

Tradicionalmente, los españoles no pagan sus visitas al médico y desembolsan sólo una parte del precio de los medicamentos, salvo los pensionistas, que hasta ahora no pagaban nada. Estos últimos, desde ahora abonarán el 10% de los remedios, hasta un techo de 18 euros por mes, según sus ingresos. La población activa, que pagaba el 40%, abonará hasta un 60%, según su situación financiera.

Por otro lado, Madrid espera ahorrar 3.000 millones de euros en materia de educación aumentando el costo de la matrícula universitaria en un 50% (pasarán de 1.000 a 1.500 euros de media) y a incrementar en un 20% el número de estudiantes por clase. Las 17 comunidades autónomas son las primeras afectadas por este plan de economías, ya que absorben el 50% del gasto público del país.

Tocando a sectores tan sensibles, arreciaron las críticas, especialmente por parte del Partido Socialista (PSOE), que declaró su “frontal rechazo”.

El plan representa “un cambio de modelo del sistema nacional de salud que deteriorará progresivamente el esquema”, condenó Trinidad Jiménez, encargada del tema sanitario en el Partido Socialista. Las dos grandes centrales sindicales españolas, Comisiones Obreras y UGT, convocaron a una jornada de manifestaciones en todo el país el 29 de abril para protestar contra los recortes en salud y educación.

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