Impacto de desahucios a migrantes ecuatorianos se analiza en Quito

En el seminario “La crisis hipotecaria y afectación a los derechos humanos de ecuatorianos en el exterior” participan autoridades y expertos.

Un seminario internacional sobre derechos humanos enfocado en el drama de la crisis hipotecaria en España, que ha afectado a miles de migrantes ecuatorianos, se realiza este jueves en Quito.

El encuentro, organizado por la Defensoría del Pueblo, cuenta con el apoyo de la Cancillería ecuatoriana y la Senami. También participan expertos españoles.

«Nos impacta y nos duele que las víctimas de la crisis hipotecaria en España sean los migrantes», sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, durante su exposición.

También explicó que se han revisado 80 casos en los que se ha detectado claras violaciones a los derechos humanos. «En todos los casos la banca ha violado la ley», acotó el canciller.

Explicó que los compatriotas fueron engañados con información falsa, al tiempo que se refirió a cláusulas y tasas de interés abusivas.

«Como ven nuestros compatriotas fueron estafados sin límites y están desempleados, sin casa y perseguidos jurídicamente», apuntó.

De su lado, el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, acotó que «cuando hablamos de derechos tenemos que entender que tiene que haber un contexto jurídico que nos proteja».

«Cuando se tiene la voluntad política de no prevalecer el capital sobre el ser humano se puede hacer grandes cosas por las personas», añadió.

Entre los expertos españoles que participan en el encuentro constan el abogado y activista Rafael Mayoral y el catedrático Fernando Flores, ambos vinculados a la defensa de las personas en situación de desahucio en el país europeo.

En declaraciones recogidas ayer por la agencia Efe, Flores apuntó a la banca como el principal causante de la crisis hipotecaria y financiera que afecta a su país.

Para él, el problema se agrava porque el sector financiero tiene representantes en el sector del poder político reacios, hasta ahora, a regulaciones estrictas que impidan la generación de «burbujas» como la inmobiliaria.

Según el experto, «el 40 por ciento de las personas desahuciadas son inmigrantes», y el problema es mayor en ese colectivo «porque, aunque estén más o menos arraigados, están lejos de su tierra» y la mayoría «tiene trabajos más precarios».

Mayoral, por su parte, explicó que en la actualidad existe «un sentimiento generalizado en la sociedad española para buscar soluciones a la ejecución masiva de garantías hipotecarias».

Para él, la gente no ha podido pagar las hipotecas, entre otras cosas, porque la crisis tiene su origen en el mismo sector financiero que ofertó créditos «abusivos» para viviendas desvalorizadas a altas tasas de interés y condiciones perniciosas para los clientes.

Las conclusiones de este seminario serán recogidas para sumarlas a las acciones que está realizando el Estado ecuatoriano para proteger los derechos humanos de los migrantes en España.

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