Oficinas de la Junta Central en el exterior

renderimagen Por INDIRA BLANCO CASTILLO

Dominicana residente en Italia

Uno de los aspectos positivos de los gobiernos pasados del PLD ha sido la modernización de la administración pública y, por ende, el mejoramiento y eficiencia de los servicios dados por éstos, como por ejemplo, el poder obtener la licencia de conducir en un centro comercial y la apertura de oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior en las que se expedían actas de nacimiento, actas de divorcios, de defunción; actas registradas en los registros civiles de la República Dominicana así como cédulas de identidad y electoral por primera vez y renuevos.

La posibilidad de obtener estos documentos en el extranjero facilitaba al dominicano trámites legales como poderes, autorizaciones, obtención de pasaportes, autorizaciones para matrimonios en el extranjero, etc., sin mencionar la posibilidad de realizar el voto en el exterior con la obtención de la cédula por primera vez o renovada. Con esto el dominicano residente en el exterior tenía un servicio que le hacía ahorrar dinero y tiempo.

Dichas oficinas estaban esparcidas en distintas partes del mundo donde había un importante número de dominicanos, entre ellas ciudades como Nueva York, Atlanta, Milano, Zúrich, Holanda, Génova, Barcelona, etc.

Por problemas con su presupuesto, la Junta Central Electoral cerró todas las oficinas a través de una resolución de fecha 22 de diciembre del 2012, la cual eliminó un servicio beneficioso para las comunidades dominicanas, que les recordaba que el país se modernizaba y se preocupaba por darles facilidades a ellos, aun en el extranjero.

Para el dominicano común que vive fuera, muchas veces sumergido en el trabajo y en el trajinar diario, es más valioso el obtener servicios que le faciliten la vida, que otras figuras jurídicas creadas en nuestra legislación con el objeto de ayudarlos, como son los Consejos Consultivos o lod Diputados de Ultramar.

Sin embargo,los hechos demuestran que estos últimos son muy importantes. Es precisamente el diputado de ultramar de Europa, Marcos Cross, y una comisión especial, quienes están trabajando en un proyecto de ley para que estas oficinas electorales en el exterior sean de nuevo abiertas para el beneficio del público dominicano y esta vez de manera permanente. En este proyecto se busca la aprobación de modificaciones a la Ley No.659, del 17 de marzo de 1944. Dichas modificaciones darían una mayor jerarquía legal y nuevas atribuciones a las Oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior, no podrían ser eliminadas si no es por otra ley y no por una simple resolución emanada de la Junta Central Electoral.

El párrafo I de dichas modificaciones establece que estas oficialías del Estado Civil funcionarán jurídicamente dentro de las misiones diplomáticas o consulares correspondientes para ejercer todos los actos del Registro Civil. Los funcionarios designados por la Junta Central Electoral para estos fines serán acreditados por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el rango de vicecónsul, previa designación mediante decreto por el Poder Ejecutivo.

En el párrafo II se establece que la Junta Central Electoral podrá transcribir actas de nacimiento, matrimonio y defunción registradas en el extranjero, en las embajadas o en los consulados, a través del sistema automatizado del Ministerio de Relaciones en el Exterior.

El párrafo II establece, o más bien reiterara, el poder de fungir como oficialías de Estado Civil a los consulados y a las embajadas en su área consular. Las oficinas de la Junta Central Electoral se seguirían limitando, como antes, a expedir actas y cédulas.

Las operaciones de las oficialías establecidas en el exterior se continuarían, a financiar con cargo al presupuesto de la Junta Central Electoral.

El pasado 24 de abril salió publicado en el periódico “El Nuevo Diario” un articulo al respecto: “Diputados en el exterior aprueban Ley reapertura JCE”. En el mismo se informaba sobre la aprobación en dos lecturas consecutivas del proyecto de modificación de la Ley No.659 en la Cámara de Diputados.

La promulgación de esta Ley será la garantía de que los dominicanos tendrán dichos servicios en los países donde se encuentren las Oficinas Electorales. Es justo ayudar a esa gran cantidad de dominicanos emigrantes cuyos recursos llegan a nuestro país como remesas, alimento importante de nuestra economía y la segunda fuente de ingresos de divisas al país.

Esperamos que dicha ley sea aprobada y que se haga de la mejor manera posible, evitando derroches, y con la eficiencia que debe caracterizar la administración pública.

Que sigan funcionando las oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior porque, como dice un slogan: «lo bueno hay que continuarlo».

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