Piden retorno de  dominicano expulsado de España

Piden retorno de dominicano expulsado de España

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Una mujer dominicana nacionalizada española y con diez años de residencia en Teruel lleva más de medio año intentando que se ejecute una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo a favor de su hijo para que pueda volver a España, después de que fuera expulsado hace un año. El fallo judicial revocó la orden de expulsión que dictó la Subdelegación del Gobierno en Teruel, pero la maraña administrativa con la que se ha topado está impidiendo su retorno.

La afectada, Carmen Cruz, no ha dejado de acudir desde hace un año a los juzgados, a la Subdelegación del Gobierno y a la Comisaría de Teruel, y a pesar de que la Justicia falló a su favor y reconoció que la expulsión no se había ajustado a derecho, revocando la misma, sigue peleando para que alguien desbloque el aparato burocrático y su hijo pueda volver con su familia.

Cruz ha buscado el apoyo de los sindicatos, de la Asociación de Dominicanos de Teruel y de la Casa del Dominicano, además de haber elevado consultas al Consulado de República Dominicana en España y ahora, desesperada, a los medios de comunicación.

Su hijo, Pedro Antonio Martínez Cruz, de 23 años, fue expulsado en enero de 2013. El motivo fue una condena judicial por un delito de lesiones en una pelea. La Subdelegación dictó, una vez que fue firme la sentencia, su expulsión en cumplimiento de la normativa que regula esta posibilidad en determinados casos.

La madre asegura que fue un altercado puntual y que su hijo no es problemático, algo que ayer ratificaron representantes de la Asociación de Dominicanos de Teruel y de la Casa del Dominicano. «Él pidió perdón al muchacho», indicó Cruz, además de abonar la indemnización que le fijó el juzgado. Al ser de dos años la pena de prisión impuesta y carecer de antecedentes penales no tuvo que ingresar en prisión.

Arraigo

La Subdelegación, no obstante, ordenó la expulsión al haber sido condenado a una pena superior a un año de cárcel, tal como contempla el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 2/2009, si bien no tuvo en cuenta el arraigo del joven, que llegó con 16 años a España dentro de un proceso de reagrupación familiar y toda su familia vive en Teruel.

Tras la expulsión, la madre recurrió la resolución ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel, que le dio la razón a mediados de junio del año pasado revocando la orden de expulsión, que fue ratificada un mes después al no recurrirla la Subdelación.

Carmen Cruz asegura que entonces empezó un calvario con continuas visitas a todas las Administraciones para intentar que su hijo pudiese regresar a España. En el Consulado de España en República Dominicana le pedían al hijo una resolución de la Subdelegación, y no aceptaban para darle la visa ni el certificado que emitieron desde España ni la sentencia judicial revocando la expulsión. Puso el caso en manos de abogados y acudió a pedir ayuda a la Asociación de Dominicanos de Teruel y a la Casa del Dominicano. Todos le dicen lo mismo, que desconocen la existencia de un caso similar, mientras la mujer asegura que está muy afectada de los nervios por lo ocurrido.

El viernes le dijeron en la Subdelegación que el problema ha entrado en vías de solución, ya que al parecer la notificación de la revocación de la orden de expulsión se va a comunicar oficialmente a República Dominicana.

Cruz aseguró que ha querido hacer público su problema a través de la prensa porque no quiere que «otra madre pase por este sufrimiento; los hijos cometen errores, pero que las cosas se hagan conforme a las leyes», dijo.

Sentirse desamparada

Ayer contó que desde que el 17 de julio, cuando el juzgado revocó la resolución de expulsión, «no ha parado» y que se ha sentido «desamparada, desprotegida y decepcionada», además de «impotente» cada vez que su hijo iba al Consulado de España en República Dominicana y no le daban la visa para regresar.

El problema, al parecer, se ha debido a lo atípico del caso, ya que el fallo del juzgado revocando la orden de expulsión argumenta que los hechos por los que fue condenado constituyen un delito «menos grave» y es una persona sin vínculos ya con su país de origen y arraigado en España.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno indicaron que ayer mismo salió una comunicación al Consulado de España para resolver la situación y que esperan que eso sea ya suficiente. Añadieron que han puesto interés en resolverlo y que lo ocurrido no es una situación inusual al tratarse de ministerios de países distintos.

José Morillo, presidente de la Asociación de Dominicanos, lamentó que cada vez los trámites de extranjería sean más difíciles para reagrupar familias e incluso renovar la residencia, mientras que el presidente de la Casa del Dominicano añadió que están en España para integrarse y que les preocupa que con la crisis económica «el sentimiento de la propia ciudadanía haya cambiado» hacia ellos.

 

28ene/amodom
diariodeteruel.es
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