Gobierno y oposición en República Dominicana

 

Autor. Lic. Luis Columna Solano / Politólogo y Máster en Gobierno y Administración Pública.

El nuevo gobierno del presidente Luis Abinader está olímpicamente conformado. Sólo le faltan los llamados en Europa, nombramientos de altos cargos, que no son precisamente los ministros, sino directores generales, altos gerentes y el servicio exterior, entre otras designaciones civiles, policiales y militares.

A ello se suma la actividad parlamentaria en el Congreso Nacional, compuesta por un número importante de representantes de los partidos políticos donde también el PRM cuenta con una mayoría cualificada, para aprobar, según sea el caso, y ahí es donde entra el papel de la oposición política, no sólo desde las sedes de los partidos, sino desde las entrañas mismas de las instituciones democráticas.

De acuerdo con los resultados de las últimas elecciones, el partido oficial cuenta con una mayoría de senadores y diputados en el Poder Legislativo, e igualmente, una mayoría de alcaldes en los municipios y distritos municipales del país. No obstante, también allí, necesitará del consenso con la oposición política para sacar adelante ciertas iniciativas a modo de políticas públicas.

Para eso el gobierno tendrá que andar con pie de plomo y gran tacto político, puesto que probablemente contará con dos tipos de oposición: una rabiosa que liderará el PLD luego de los primeros sometimientos a la justicia, pero que, en principio, coqueteará con el gobierno con la intención de obtener un borrador y cuenta nueva, mientras que el tercer partido del sistema, “Fuerza del Pueblo”, haría en todo momento,  o al menos hasta la segunda mitad del gobierno, una oposición constructiva, no complaciente por la razón de que, al ser un partido nuevo, necesita dedicar mucho tiempo a trabajar su estructura organizativa y línea política estratégica, aunque desde ya trabaja la parte orgánica y cuenta con un líder con sobrada experiencia de Estado y de gobierno.

Cuando un partido opositor hace causa común con el gobierno en aquellos asuntos considerados de Estado, ambos ganan admiración en el electorado que tendrá nuevamente en cuatro años el poder de cambiar el orden de las cosas. Este principio debe ser puesto en práctica por unos y otros al margen de la legítima lucha por el poder.

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