QUÉ FÁCIL ES PARA LA ADMINISTRACIÓN DENEGAR UN EXPEDIENTE DE EXTRANJERÍA!

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Guillermo Morales

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M.L.S.A llegó a España hace unos dos años reagrupada por su marido. Una vez aquí consiguió que una gran empresa le hiciera un contrato de trabajo y creyó ser una mujer feliz: junto a su familia, trabajando, con un mundo de planes por delante…

Pero la vida de M.L.S.A se torció hace apenas unos días cuando decidió renovar sus “papeles” solicitando una tarjeta independiente del reagrupante (la normativa de extranjería lo permite). Mediante correo administrativo (tal y como establece la Ley 30 del RJAP) presentó su solicitud dirigida a la Oficina de Extranjeros de Barcelona. Días más tarde recibió una carta en su casa donde le inadmitían a trámite su solicitud porque una nota de la Oficina de Extranjeros dice que tenía que solicitar “cita previa” y donde le decían que interpusiera un Recurso si no estaba de acuerdo y que abandonara España en 15 días.

Los sueños de M.L. S. A se desmoronaron en segundos. Atrás quedaba el sufrimiento de varios años separada de su esposo (ella en Cuba y él en España). Se desvanecieron los sueños, las ilusiones, las ansias de crearse un futuro mejor para sí y su familia.

La Oficina de Extranjeros le decía en la resolución que “La solicitud no se ha formulado personalmente por el sujeto legitimado para ello en el Registro del órgano competente para su tramitación (Disposición Adicional 4 punto 1.h) de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero , en relación con la disposición adicional tercera , punto 1 y adicional octava del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril)”.

Una causa de inadmisión absurda que tampoco se sustenta en sí misma salvo por una decisión de la propia oficina de extranjeros de Barcelona que tiene como norma crear, como hemos dicho,  una Guía de Trámites para la presentación de las solicitudes en la que se estipula que si un extranjero quiere obtener una Autorización de Residencia Temporal Residencia y Trabajo por Cuenta Ajena (residencia independiente de familiares reagrupados) deberá solicitar cita previa a través de internet.

La causa de inadmisión nos remite a una Ley Orgánica (4/2000) y a un RD (RD557/2011) que a su vez nos remiten, en definitiva a una misma ley, Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo curioso es que la mencionada Ley 30/1992 nos dice que “las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse no solo en los en los registros de los órganos administrativos a que se dirijan o en  los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere elartículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. Pero también queda tácitamente expresado que se puede hacer “En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca” (Artículo 38.4.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Lamentablemente el “orden interno” la Oficina de Extranjeros opta porque sea de manera presencial por el sujeto legitimado con el fin de verle personalmente y en este caso no se hizo. Vale. Pero bien podía la Oficina de Extranjeros  haber enviado una citación de Trámite de Audiencia para subsanar cualquier error de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1. y 76 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  (B:O:E: 27/11/1992) en su redacción dada por la ley 4/1999 (B:O:E del 14.01.99) y sin embargo no lo hizo, vulnerando de esta forma dicha ley, y por tanto incurriendo en causa de nulidad la resolución.

Por lo tanto, la causa de inadmisión debe ser  nula en pleno derecho teniendo en cuenta que según el Art. 62 c) y d)  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: “Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

c) Los que tengan un contenido imposible y e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”.

El caso de M.L. S. A nos obliga a denunciar cómo seguimos observando con extrema preocupación el hecho de que se está convirtiendo en práctica habitual por parte de la sede de la Oficina de Extranjeros de Barcelona la denegación o inadmisión de expedientes sin tener ningún tipo de sustento legal u objetivo; como el casode M.L.S.A.

Lo más preocupante es que decisiones tan gravosas se tomen sin ni siquiera realizar un trámite de audiencia al interesado quien con toda seguridad le hubiera explicado al funcionario que corresponda para evitar de esta manera que la Administración haya incurrido en el lamentable error de inadmisión. No podemos olvidar que estamos tratando con la dignidad de seres humanos y sus familias.

La Administración no tiene en cuenta a la hora de optar por la solución más gravosa ni su arraigo en España ni su situación personal. Nos encontramos ante una extranjera que reside en territorio español desde hace más de un año y que cuenta con domicilio fijo, que no es una carga para el Estado en cuanto dispone de Tarjeta Sanitaria y que además, ha cotizado de forma continua e ininterrumpida mediante un vínculo laboral y que en el momento de la solicitud disponía (y aún tiene) un Contrato de Trabajo a tiempo completo y por tiempo indefinido.

Como hemos explicadoM.L.S.A es una ciudadana extranjera que vino a España reagrupada por su cónyuge; circunstancia que tampoco  se ha tenido tampoco en cuenta. Por lo que dejar a M.L. S. A  “sin papeles” afecta gravemente la protección que le otorga el legislador español a algo tan sagrado como lo es la familia y el derecho que tienen los trabajadores inmigrantes a reunirse con sus familiares en el territorio español, lugar donde en este caso residen y trabajan ambos. Esto evidencia un agravio comparativo denigrante e inadmisible en un Estado de Derecho, como lo es España hoy en día, que como parte imprescindible de la Comunidad Europea, es referente mundial de los Derechos Humanos y su cumplimiento y protección por parte de los poderes públicos.

Se le olvida a la Oficina de Extranjeros, insistimos, que la Constitución Española en su art. 39, ya establece la obligación de los poderes públicos de proteger la familia, principio que es vulnerado con este tipo de resoluciones. Debemos tener en cuenta que la familia es la célula fundamental de nuestra sociedad, pilar donde se sostiene y transmite la escala de valores que fundamenta un Estado de Derecho, lo cual se ve  afectado con tal gravosas decisiones por parte de las autoridades.

¿Lesiona entonces la Oficina de Extranjeros los derechos susceptibles de amparo constitucional? ¿Dónde queda la seguridad jurídica de M.L.S.A? ¿Queda indefensa M.L.S.A porque así de fácil se le deniegan “sus papeles”? ¿ M.L.S.A es un número más; un número sin sueños, sin familia, sin circunstancias personales? ¡Con qué frialdad se cercena y se mutila el futuro de un ser humano!

Que el lector saque sus propias conclusiones. De momento Legalcity ha tomado el caso para recurrir ante los Tribunales tan gravosa decisión.

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